Las medidas propuestas por el Gobierno español al Senado en virtud de las previsiones constitucionales del artículo 155 de la Constitución suscitan en la calle múltiples interrogantes. Si difícil es para los juristas entender todo lo que está sucediendo, a los no juristas la situación les parece no solo complicada, sino de imposible comprensión, y se preguntan por qué ante un desafío sin parangón en estos 40 años de vigencia de nuestra Constitución todavía tenemos que seguir esperando.

Ante la negativa por parte del presidente de Cataluña de atender al requerimiento del Gobierno para que cumpla con las obligaciones constitucionales inherentes a su cargo, el Consejo de Ministros ha propuesto al Senado, una de las dos Cámaras de nuestras Cortes Generales, una serie de medidas, todas ellas tendentes a conseguir esa vuelta de las autoridades autonómicas al cumplimiento de los mandatos constitucionales y del respeto al Estado de derecho.

En el Senado va a constituirse una Comisión —integrada por 27 senadores que representan proporcionalmente a los miembros de la Cámara— que, antes de emitir informe sobre las medidas propuestas, va a demandar la asistencia mañana del presidente de Cataluña para que presente las alegaciones que crea convenientes. Finalmente será el Pleno del Senado, que se celebrará el viernes, el que apruebe las medidas, previsiblemente en los mismos términos que han sido propuestas por el Gobierno.

Las medidas suponen el cese del presidente autonómico y de todos los miembros del Consejo de Gobierno, así como el mandato de que la Administración catalana actuará bajo las directrices de los órganos designados por el Gobierno de la Nación. Especialmente inciden estas medidas en tres ámbitos evidentemente relevantes: primero, seguridad y orden públicos; segundo, en relación con la gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria; y tercero, en el área de las telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales.

Se ha puesto así en marcha un procedimiento inédito en nuestra historia constitucional con las incertidumbres que esto genera y con la inseguridad acerca del futuro que viviremos. Procedimiento en el que se invoca el 'interés general' para fundamentar la intervención extraordinaria del Gobierno en la comunidad autónoma, puesto que se ha producido una actuación de los órganos autonómicos que atenta gravemente a ese interés general de España.

Las decisiones que puedan tomar esta semana las autoridades catalanas, antes de que el Pleno del Senado apruebe las mencionadas medidas, esperemos que sean respetar el Estado de derecho y los mandatos de la Constitución, pues, si así no lo hicieran, se seguirían colocando al margen de la Ley y, por lo tanto, se les deberían aplicar las sanciones previstas en la Ley.

En cualquier caso, la intervención en la comunidad y la asunción por parte del presidente Rajoy de las competencias del presidente autonómico en relación con la convocatoria de elecciones, entre el resto de las medidas, nos colocan en un difícil momento de nuestra historia constitucional, probablemente el más complicado que nos ha tocado vivir desde 1978 y sobre el que desconocemos cuánto puede durar. Es cierto que se prevé que las medidas cesaran si desaparecen las causas que las motivaron, dándose cuenta al Senado de esta decisión.

Como hemos venido señalando, y cumplidos casi los 40 años de vigencia de la Constitución, no cabe duda de que el pueblo español ha apostado por el Estado de derecho, por la democracia, por un sistema que ha supuesto la consolidación de la Monarquía y la implantación de un reconocimiento y garantía de derechos y libertades. Dejando a un lado la valoración política, económica y social de los logros de este camino hacia la libertad, creemos que, jurídicamente, la Constitución ha cumplido con el cometido que se le encomendó, y que debería seguir cumpliéndolo garantizando la unidad de la Nación española. Llegados a este momento de nuestra historia constitucional estamos viviendo un tiempo incierto, y esperemos que estos hechos sirvan para dar soluciones duraderas y satisfactorias en la defensa del Estado de derecho.