La tasa de paro para jóvenes entre 20 y 25 años se sitúa en el entorno del 33%, aproximadamente el doble que la tasa general. La tasa de pobreza para el tramo entre 16 y 29 años se sitúa en la actualidad en un 29%, más de diez puntos más que en 2008 y siete puntos por encima de la media del conjunto de la sociedad. Un menor de 26 años que accede ahora al mercado laboral recibe un 32,9% menos de renta que uno que lo hacía en 2008. Sí, no parece un país para jóvenes.

Estos y otros argumentos se están utilizando para intentar generar en España cierto tipo de conflicto generacional entre jóvenes y mayores, aduciendo que estos últimos acaparan la parte del león en el reparto de los gastos sociales. Momentos complicados cuando los jubilados se rebelan contra la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, en un grupo poblacional que, gracias a la garantía de rentas que supone el sistema público de pensiones, ha pasado de ser el grupo con mayor tasa de pobreza en 2008 a ser el grupo con menor tasa en 2017 –con un 13% de riesgo de pobreza monetaria–. Se añade además que la pensión de entrada en el sistema de pensiones es, ahora, mayor que el salario de entrada en el mercado laboral, señalando el importante desequilibrio que existe en una sociedad envejecida, con una alta longevidad, y donde las personas más jóvenes no encuentran posibilidades de acceso a una vida digna.

Sin embargo, en aras de ser justos, cabría matizar algunas de las consecuencias de este proceso. En primer lugar, el examen de los conflictos intergeneracionales no se puede analizar exclusivamente por la foto fija, sino que hay que examinar la trayectoria vital de cada generación. Así, los que hoy se jubilan –que nacieron en 1953– vivieron su infancia en una dictadura con una renta per cápita unas cinco veces inferior a la actual en términos reales y una tasa de pobreza del 60% de la población. En 1971, cuando debían incorporarse a la universidad, menos del 20% podía hacerlo, mientras que en la actualidad es casi uno de cada dos. Pasaron la crisis del 73 recién salidos al mercado laboral, asistiendo a una escalada que hizo pasar el desempleo del 3,9% en 1975 al 21,59% en 1984. Todavía les quedaría pasar la crisis de los años 90, para terminar su vida laboral con los diez peores años de mercado laboral de la historia reciente de España, donde tres de cada cuatro parados de su tramo de edad son parados de larga duración.

Y después de toda una vida en la que nacieron en un país prácticamente a las puertas del subdesarrollo, tres graves crisis económicas y un final de vida laboral tan complicado, se enfrentan ahora a que toda una vida de contribuciones a la seguridad social es insuficiente para garantizarse una pensión adecuada. La mitad de las pensiones de jubilación reciben menos de 735 euros al mes, y la pensión más habitual se sitúa entre los 600 y los 650 euros. Con el sistema actual, al final de sus vidas habrán perdido hasta un 30% de su poder adquisitivo, sin tener ya ninguna capacidad de maniobra en términos de ahorro o de recuperación de ingresos, situándose claramente por debajo de la línea de pobreza y retrocediendo decenios en términos de protección social.

La edad no debería ser el vector del debate sobre la equidad, sino el acceso a la renta y a la riqueza. La desigualdad central de nuestra sociedad y nuestra economía no es la desigualdad generacional, sino la desigualdad económica y social. Desde luego que el sistema de pensiones –y todo el Estado social– debe buscar la manera de garantizar su sostenibilidad. Pero de todos los discursos que se están construyendo, el más pernicioso y repugnante es que el enfrenta a nietos y abuelos soslayando la tremenda desigualdad económica existente dentro de cada generación. Un grave error social, ético y económico que pagaremos si caemos en esa trampa.