Esta semana se confirmaba que España está a punto de salir del procedimiento de déficit excesivo y que, por primera vez desde 2008, ha cumplido su objetivo de déficit público en 2017.

El crecimiento económico propiciado por los vientos de cola –la política monetaria del Banco Central Europeo y el descenso del precio del petróleo, entre otras cosas– ha permitido incrementar la recaudación fiscal y rebajar el peso de grandes partidas como el seguro del desempleo o el coste de los intereses de nuestra abultada deuda pública.Este año 2018, España saldrá definitivamente del llamado "brazo correctivo" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, siendo la última economía que lo consigue.

Son buenas noticias, sí. Aunque no hay que dejar de plantear algunos matices. En primer lugar, que el esfuerzo de reducción del déficit público ha sido fundamentalmente asumido por las comunidades autónomas y las entidades locales, que han soportado el 94% del ajuste producido entre 2011 y 2017, con 6,2 puntos, mientras que la posición de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social solo ha mejorado en 0,4 puntos de ajuste.

Nada tendríamos que añadir a esta realidad si no fuera porque las comunidades autónomas –y algunas de ellas particularmente– se encuentran en una situación de asfixia financiera que supone una seria amenaza a su capacidad para satisfacer sus obligaciones de políticas sociales frente a la ciudadanía.

Recordemos que alrededor de dos tercios de su presupuesto va directamente dirigido a educación y sanidad. Mientras tanto, la regla de gasto impuesta a los ayuntamientos ha supuesto que durante varios años no pudieran utilizar sus superávits presupuestarios, dañando gravemente su autonomía financiera y, de nuevo, su capacidad de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. La gestión del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha sido muy efectiva en adelgazar las administraciones autonómicas, mientras la Administración General del Estado mantenía una mayor libertad de gasto –tal es así, que este año, por sí misma, no ha cumplido su objetivo–.

En segundo lugar, menos evidente pero también más relevante, está el examen de la sostenibilidad financiera del Estado a largo plazo: nuestro déficit estructural –aquel que se mide desde la óptica del largo plazo– sigue siendo muy abultado y, lo peor de todo, de acuerdo con la Comisión Europea, continúa bien por encima de los objetivos del país.

Con toda su dificultad de medición, mantener un déficit estructural por encima del 3% es señal de riesgo de insostenibilidad de las cuentas públicas, en un contexto en el que la Deuda Pública sigue siendo alarmantemente elevada. A largo plazo, España recauda menos de lo que gasta, y si se produce un nuevo shock –y tarde o temprano se producirá–, nuestra posición fiscal puede volver a verse comprometida.

La respuesta de nuestro Ministerio de Hacienda ha sido hacer oídos sordos a esta advertencia. La economía recomienda fijar la posición fiscal como un instrumento anticíclico: gastar más en situaciones de recesión y recuperar ingresos en situaciones de crecimiento. España lo está haciendo al revés: recortó servicios y gastos durante lo peor de la crisis –incidiendo todavía más en ella– y lleva desde 2015 realizando regalos en términos de bajadas de impuestos que difícilmente se podrán volver a recuperar. Es decir, todo lo contrario de lo que la política económica sugiere.

La propuesta de presupuestos de este año, plagados de regalitos fiscales para satisfacer a Ciudadanos, es una muestra más del carácter ciclotímico de nuestra política fiscal. Deberíamos aprovechar ahora para consolidar una posición fiscal más sólida. Pero no lo estamos haciendo: bien al contrario, estamos sentando, en un ejercicio de populismo fiscal sin precedentes, las bases para el próximo ajuste. Una grave irresponsabilidad.