Esta semana tiene lugar en Madrid la South Summit, uno de los principales encuentros del mundo de los emprendedores y de las startups, organizada por la entidad Spain Start Up. En el mismo se darán cita las iniciativas empresariales más prometedoras, expertos, consultores, inversores, estudiosos, académicos, administraciones públicas, aceleradoras y universidades, es decir, buena parte de los actores relevantes en el llamado «ecosistema emprendedor» de Madrid, y más generalmente, de España.

La eclosión de las políticas e iniciativas destinadas a los emprendedores y a las startups en España es relativamente reciente. Nuestra tradición en materia de emprendimiento tecnológico es muy escasa, y pese a la promoción que se desarrolla desde los poderes públicos y los medios de comunicación, hay espacio para la mejora. De acuerdo con los rankings internacionales, no hay ninguna ciudad española entre las diez más atractivas para el capital riesgo en Europa, situándose Barcelona y Madrid entre las 20 primeras, pero lejos de las ciudades más punteras. La inversión en España en nuevas empresas de base tecnológica es sustancialmente menor a la de los países más avanzados, como Dinamarca o el Reino Unido. Queda todavía mucho trabajo por hacer, y no necesariamente del lado de la financiación, donde tanto los inversores privados como las administraciones públicas están apostando claramente por que haya fondos adecuados para el desarrollo del sistema emprendedor.

Para que haya un verdadero desarrollo de un tejido empresarial innovador, los aspectos clave se refieren a los elementos regulatorios. Hace unos años, Javier Santiso y Javier Capapé plantearon una serie de medidas de políticas públicas que denominaron ‘Las 40 principales’,  reformas necesarias en los ámbitos fiscales, de mercados, licencias de establecimiento y creación de empresas, laborales y hasta de inmigración, que permitirían a España favorecer un entorno lo suficientemente competitivo para que floreciera un sector emprendedor robusto y con perspectivas de futuro.

Pero el ecosistema emprendedor no lo es todo. La economía basada en startups  es sólo una ínfima parte de nuestro tejido productivo, y los emprendedores exitosos, por definición, una minoría insignificante en términos estadísticos. Sus efectos se trasladan a toda la sociedad a través de las redes de conocimiento y los efectos de la innovación sobre el conjunto de la economía, pero, per se, no son ni de lejos la respuesta a los problemas de empleo que sufre la economía española. De acuerdo con la Asociación Española de Capital Riesgo, España alcanzó en 2015 su record histórico de inversiones de Venture Capital, 535 millones de euros, para un total de 342 empresas. Una cifra interesante pero que palidece si la comparamos con las 50.000 empresas que creció -en términos netos- nuestro censo empresarial de más de tres millones de empresas en 2015, según el Instituto Nacional de Estadística. La aportación de las startups, es, por lo tanto más cualitativa que cuantitativa. Además buena parte de estas operaciones se concentra en Madrid y Barcelona, dejando al resto del Estado en una situación de mucha menor importancia.

Las administraciones públicas deben tratar el fenómeno con interés y honestidad: contribuir a tener un ecosistema tecnológico emprendedor puede ser un factor importante a la hora de establecer estrategias de crecimiento innovador e inteligente. Pero hay que valorarlo en su justa medida. La inmensa mayoría del empleo creado por nuevas empresas no pasa por garajes tecnológicos ni Hubs de diseño, sino por empresas tradicionales que sobreviven en un mercado complejo, con poca financiación y regulaciones que a veces rayan el absurdo. Quizá no sea tan chic hacerse una foto con el dueño de una mercería o de un taller de chapa y pintura, pero es ahí donde se crea buena parte de la riqueza del país.