Incluso en un estado del bienestar avanzado y en una sociedad desarrollada como la española no siempre es posible encontrar servicios públicos que funcionan de forma excelente, sin apenas quejas y a un coste realmente bajo; y, lo más relevante, sustentando decisivos derechos constitucionales. Es el caso del turno de oficio.

Cada 12 de julio se conmemora el Día de la Justicia Gratuita. Como máximo representante de la Abogacía madrileña no puedo sino trasladar un mensaje exigente a las administraciones competentes para que sean conscientes de la labor de los abogados del turno y para que, en consecuencia, doten al sistema de medios suficientes y adecuados. Eso significa una retribución digna y puntual. Y eso debe ser consecuencia de la mejor valoración por todas las instituciones de unos profesionales altamente cualificados, que no buscan medallas ni protagonismos, sino que ejercen por verdadera vocación para dar garantías a la salvaguarda del derecho de defensa por los más desfavorecidos.

En mi deber y mi responsabilidad no puedo sino manifestar ante esos compañeros y compañeras, y ante la propia sociedad, que el Colegio de Abogados de Madrid, sin reservas y sin tregua, se vuelca cada día para promover y alcanzar las mejores condiciones laborales de quienes llevan a cabo una labor admirable y sin reloj, imprescindible: a veces en las cárceles o las comisarías, otras en los juzgados o los centros de internamiento de extranjeros... y en sus propios despachos.

No podemos permitir que existan desde los poderes actitudes desafectas o insensibles con el turno, porque eso degrada la calidad de nuestra democracia y deja a ras de suelo los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en la Constitución.

Puede que haya una parte de la población que considere que el turno es una carga para la Abogacía pero, muy por el contrario, es un honor. Como letrados, no esperamos que se vea nuestro oficio en estos casos como una manifestación de solidaridad o caridad. Es mucho más que una cuestión de entrega y generosidad. Nos hallamos ante la ineludible obligación del Estado de hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente de las personas que carecen de recursos. Nada más, pero nada menos.