La semana pasada, el Consell anunció la aprobación, para el último trimestre de este año, de un bono de 10 viajes para transbordar entre los diferentes medios de transporte de las zonas A y B del área metropolitana de Valencia. Los potenciales beneficiarios son el millón y medio de personas que viven en la capital y en los casi 40 municipios implicados. Uno de los defectos que se suelen achacar a los gobernantes es la lejanía respecto a los gobernados. Quizá sea demagogia, y lo acepto, pero difícilmente un político puede calibrar adecuadamente el alcance de sus decisiones y el impacto real si no ha usado nunca los servicios que gestiona.

La empatía con el ciudadano de a pie es algo más difícil de conseguir desde la moqueta del despacho. Llegar a entender lo que supone ahorrarse un viaje gracias al transbordo gratuito para quien no llega a fin de mes quizá resulte complicado desde la lejanía del coche oficial, del chofer y de las dietas. No parece este el caso de la actual consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, a quien al menos se le ve un interés por dominar la responsabilidad que tiene asignada y capacidad de trabajo. Su departamento tiene el mismo (y grave) problema que el resto: la falta de fondos. Pero aplica soluciones imaginativas, como un convenio con la Diputación, o la mediación para que la EMT llegue a los pueblos. Pueden parecer pequeños gestos, pero solucionan problemas que hacen más fácil la vida a la mayoría, su día a día. Y de eso se trata.