Señora defensora del pueblo:

Acabo de leer el informe anual que entregó ayer a los titulares de las Cámaras legislativas. En momentos de razonable duda sobre la integridad personal de la nobleza, conforta saber que usted, marquesa de Salvatierra por vía conyugal, preside un alto comisionado que atendió en 2016 las quejas de más de medio millón de ciudadanos, dictó 1.771 resoluciones contra las administraciones, 1.515 recomendaciones y 256 recordatorios de deberes legales, y ha logrado que el tiempo medio de respuesta a cada protesta sea de 28 días (cuando llegó al puesto, en 2013, eran 62, nos dice, ufana).

Aunque se haya dejado la piel y la cábala de los números impresione, sigue usted acusando a ciertos ámbitos legales de ningunearla: ahí está el capítulo de las "administraciones no colaboradoras o entorpecedoras", como usted misma las llama levantando poco la voz, al menos para mi gusto, un grupo de indecorosos ministerios (Fomento), comunidades autónomas (Madrid, Canarias), ayuntamientos (casi 30) y órganos gremiales (Colegio de Abogados de Guipúzcoa) que no se han dignado a contestarle después de los tres requerimientos para los que dispone usted de facultades. Echo de menos en su informe una mención menos camuflada de esta pandilla de sordos, gente tan poco seria en modales cívicos como los abogados guipuzcoanos, que se niegan a desplazarse a las cárceles para entrevistar a los defendidos. Me agradan muchos de sus dictámenes -aunque, dada la condición restringida de ventanilla de quejas y persuasiones que la legislación española atribuye al Ombudsman (en su caso, señora, Ombudswoman), creo que la satisfacción pública suele ser de menor intensidad que los enunciados-.

Admiro que alguien que cobra de las arcas colectivas meta en vereda las comisiones bancarias con escala y nocturnidad; proclame las zancadillas al voto por correo desde el extranjero; recuerde que la pobreza energética no es un alternative fact; defienda el derecho al voto de 100.000 discapacitados intelectuales, hasta ahora neociudadanos sin voz pública; quiera saber detalles sobre las explotaciones submarinas de gas frente a Doñana, y demande que recordemos la cifra del bochorno: 17.337, el ínfimo número de desplazados que España se comprometió a acoger y cuyo dolor usted ha testificado en viajes a campamentos de Grecia y Macedonia, turismo que no parece agradar a ningún representante del Ejecutivo del PP, partido en el que usted milita de antiguo.

Tenga usted todo mi ánimo, Jose Ángel González