Permítame aportar un par de datos para ilustrar debidamente la situación que vivimos. Durante los nueve primeros meses del año pasado el agua fue responsable de producir algo menos del 16 % de la demanda de electricidad de la España peninsular. En el mismo periodo de este año, sin que apenas haya crecido el consumo de luz, ese porcentaje ha caído a la mitad. El hueco lo han cubierto básicamente las centrales de carbón y el gas, que han pasado de producir algo menos del 20% de la electricidad a casi un 28%. El resto de fuentes de producción (nuclear, viento, sol, cogeneración, importaciones, residuos…) han permanecido prácticamente inalteradas. El precio del mercado mayorista de la luz en España, por su parte, se ha disparado en el mismo periodo nada menos que ¡un 48%!

Imagine que va a la compra y decide, manteniendo la cantidad de carne, pescado, lácteos, grasas, dulces, café y refrescos, reducir a la mitad el consumo en panadería a cambio de aumentar en un 40% el de frutas y hortalizas. Su sorpresa sería mayúscula si al ir a pagar su factura total pasará, pongamos, de 200 a 300 euros.

Es lo que en el sector eléctrico llamamos que los precios que pagamos por la electricidad no tienen correlación con lo que cuesta producirla.

El caso del agua es paradigmático porque todo el mundo sabe, por un lado, que es un 'combustible' gratuito y, por otro, que nadie puede competir con las presas construidas durante la dictadura o incluso la república, porque ni hay ríos para hacerlo ni posibilidad de repetir anegaciones de pueblos o trabajos forzados para erigirlas.

Nuestra legislación trata a las centrales hidroeléctricas como si estuvieran en competencia perfecta

Sin embargo, nuestra legislación trata a las centrales hidroeléctricas como si estuvieran en competencia perfecta. Esto es, como si cualquier pudiera montar otra central como las actuales en un par de meses. Como consecuencia de ello, cuando los embalses están llenos sus titulares venden la electricidad casi gratis, pero cuando —como ahora— están muy por debajo de su nivel habitual, la venden al precio más caro posible. En este caso, al que prevén que van a hacerlo en los próximos meses las centrales de gas más caras. Es lo que en castellano llamamos sencillamente especular.

Para mayor desgracia, nuestros legisladores también entienden que otras centrales cuyos costes no tienen nada que ver con los precios del gas que compramos a Argelia, tales como las nucleares u otras renovables (sol, viento…) estén igualmente sometidas a las variaciones de precios impuestos por la gran hidráulica. Una amplificación en toda regla que permite explicar —que no justificar— tan desmedido incremento del precio total.

Por eso, cuando tras los históricamente altos precios del mercado eléctrico que observamos en enero nuestro presidente del Gobierno, a modo de chamán, declaraba que confiaba en que lloviera para que bajara la luz yo eché en falta que apostillara "y a que cambiemos las reglas del mercado eléctrico para que, aunque no lo haga, el efecto sea menor".

No tengo constancia de que haya habido movimiento legislativo alguno en esta dirección en los últimos meses. Y eso que estoy muy atento a ello. Espero que llegue antes de que venga el frío. De lo contrario, será necesario ya no que llueva, sino un verdadero diluvio para contener los precios de electricidad cuando en diciembre la demanda crezca debido al consumo en calefacción.