La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que dictaminó que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo en el caso Bateragune es un varapalo a la justicia española, pero para nada es una excepción. En marzo, el TEDH condenó –por unanimidad– a España a devolver a dos jóvenes catalanes la multa con que se les condenó por quemar unas fotos del rey.

El 2017, hubo cinco condenas del TEDH al Estado español por motivos como no dispensar un juicio justo al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa (lo mismo que a Otegi), vulnerar los derechos al honor, a la vida privada y a la tutela judicial, y por las devoluciones en caliente.

La independencia de la justicia española está cada vez más discutida, fuera y dentro de España. La esperpéntica actuación del Supremo en el caso de los gastos de constitución de una hipoteca, un ejemplo más. Dentro de unas semanas va a comenzar el juicio a los presos políticos catalanes, un juicio tan injusto como la pena de cárcel preventiva que llevan cumpliendo desde hace más de un año.

Hay resoluciones de tribunales de Alemania, Bélgica o el Reino Unido y de ministerios de Justicia de Suiza u Holanda, que no ven que las personas exiliadas hayan cometido los delitos que se les atribuyen en España. También lo niegan magistrados como Pascual Sala, José Antonio Martín Pallín o Elpidio José Silva; más de 100 catedráticos de Derecho Penal de toda España, además de otros de Derecho Constitucional como Javier Pérez Royo.

Es evidente que este juicio jamás debería celebrarse porque los cargos que se les imputan simplemente no existen. La instrucción construye un relato cargado de falsedades, con lo que tenemos motivos para creer que el juicio será una farsa. Y la sentencia sin duda marcará un punto de inflexión.