A ustedes, queridos lectores, les habrán recomendado —como a mí— suscribir un fondo de pensiones a fin de "complementar" cuando llegue el momento la pensión de la Seguridad Social, que no tiene, según los augures, asegurada su "sostenibilidad". Pues bien, tal como están hoy las cosas, me atrevo a desaconsejarle que suscriba usted uno de esos fondos. Le diré por qué, pero antes debe saber que ese mercado de los fondos cuenta en España con más de siete millones de ahorradores-inversores y mueve casi 70.000 millones de euros.

1º.- Si se jubila y se dispone a cobrar la pensión privada por cuenta de los fondos esos, se le dirá que mejor renuncie a la mensualidad, saque el fondo acumulado, devuelva a Hacienda lo que le perdonó y se quede con el resto, porque si escoge la mensualidad perderá usted dinero. Y quien así le aconseje no le engañará. Basta con hacer bien las cuentas para demostrarlo.

2º.- Si uno suscribe, por ejemplo, un seguro de vida lo puede rescatar y así recobrar el dinero invertido, pero los fondos de pensiones no se pueden rescatar. Para cobrarlos es preciso demostrar que estás jubilado. A los suscriptores de los fondos no les interesa esa cláusula y a la Seguridad Social menos, entonces, ¿por qué se puso en la Ley? Porque los únicos interesados en esta incomprensible norma son los bancos. Es la verdad, ellos son únicos beneficiarios de este ahorro incentivado fiscalmente.

3º.- Para más inri, esos fondos de pensiones están —como es lógico— sujetos a los vaivenes bursátiles y el titular del fondo puede verse desposeído de su dinero en una de esas ventoleras que arrasan las bolsas y te dejan con lo puesto. Así les ha ocurrido a muchos durante la pasada crisis.

Además, entre 2001 y 2016 sólo 3 de los 335 fondos con 15 años de historia que funcionan por estos lares tuvieron una rentabilidad superior tanto a la de la Bolsa (el 5,24% del Ibex) como a la de los bonos públicos a 15 años (5,27%). Peor aún: la media de esos 335 planes de pensiones arrojó una rentabilidad del 2,03%, de manera que no alcanzó siquiera la mitad de las dos rentabilidades alternativas (Ibex y bonos públicos).

Para mayor precisión conviene acudir a los trabajos del IESE, que dirige Pablo Fernández. Fernández asegura que "pocos gestores se merecen las comisiones que cobran". Porque si sólo mimetizando al Ibex una cartera duplica de largo la rentabilidad media de los fondos, es que la baja rentabilidad de estos obedece a que: a) las gestoras y bancos que los mantienen son ineficientes o ignorantes; b) imponen al cliente minorista comisiones abusivas (de hasta el 2%); o c) les colocan acciones-basura a cambio de lograr de las empresas jugosos contratos de emisión de deuda, dirección de créditos sindicados u otros negocios mayoristas. O por una desleal unión de los tres motivos.

Por otro lado, cualquier cambio que implique sustitución (o complementación) del actual sistema público de "reparto" por un sistema privado de "capitalización" no puede pretender resolver los problemas demográficos que sufre y sufrirá la población española. Y ese es otro problema y no menor, porque España lleva más de treinta años con una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo (2,05 hijos por mujer). Según la última proyección del INE, en el inicio de los años cincuenta de este siglo XXI habrá 15,6 millones de jubilables (hoy hay 8,7 millones).

No debemos engañarnos, es la incapacidad estructural para crear empleo suficiente —enfermedad que padece desde hace muchos años la economía española— la que está detrás de la mayor parte del déficit de la Seguridad Social (se habla de que los efectos de la crisis explican el 70% del déficit actual) y esa misma incapacidad de crear empleo y también la creación de empleos precarios lo que lleva a muchas mujeres a retrasar la llegada de los hijos y, finalmente, al abandono de la maternidad, es decir, a la baja fecundidad que se 2 observa en la población española, pues las encuestas de fecundidad vienen señalando que las mujeres españolas desearían tener más del doble de hijos de los que acaban teniendo.

Pues bien, en estas condiciones, en España siguen campando por sus fueros los "jubiladores", personajes dedicados —en la empresa privada y en el área pública— a forzar la jubilación de muchos empleados "maduros", descargando así sobre la espalda de la Seguridad Social toneladas de pensiones destinadas a personas que están en perfectas condiciones físicas y mentales y que, además, no quieren jubilarse.