La broma de este juicio es que los acusados quieren hacernos creer que el referéndum se hizo por arte de magia y que no costó ni un céntimo del erario público. Que ellos solo lo impulsaban políticamente porque tenían un "mandato democrático", pero que jamás desobedecieron las órdenes judiciales. Que trabajaron desde el Govern para hacer posible el proceso secesionista sin violentar el ordenamiento jurídico pese a que habían sido reiteradamente advertidos por el Constitucional de la ilegalidad de sus propósitos.

Intentan hacernos creer que es posible soplar y sorber al mismo tiempo, aunque se olvidan del riesgo de atragantarse. Esta es la línea argumental que ya el jueves pasado expuso el exconsejero de Interior Joaquim Forn, hasta que la representante de la Abogacía María Seoane observó la incongruencia de hacer una cosa y la contraria desde un poder público.

Este martes, Jordi Turull, que cuando el procés entró en su fase unilateral, en julio de 2017, asumió la consejería de Presidencia, profundizó en ese cortocircuito argumental sin sonrojarse. Recurrió a una lista de verbos utilizados como eufemismos para esconder la desobediencia. Dijo que su deseo fue "ponderar" y "acompasar" el derecho a votar con la justicia. "Compatibilizar" las órdenes judiciales de impedir el 1-O, con la voluntad de la gente de decidir sobre la independencia.

Tras reconocer el decreto que el Govern de Carles Puigdemont publicó el 6 de septiembre de medidas especiales para llevar a cabo el referéndum (compra de material, censo, web, campañas, etc.) negó que se hubiera desarrollado fácticamente. Pero no supo qué responder a las preguntas: ¿De dónde salieron las urnas que él como portavoz del Govern presentó en rueda de prensa?, ¿quién creó el censo electoral? y, ¿de dónde sacó los resultados de esa votación que luego facilitó al Parlament?

Para Turull, pues, el referéndum se hizo por arte de magia. Tal vez fuese obra del mismo duendecillo que también emitió algunas comprometedoras facturas para el delito de malversación sobre gastos en publicidad y difusión de la Generalitat. El desafío secesionista se programó con astucia para engañar al Estado, disimulando la desobediencia y otros ilícitos penales que ahora las acusaciones tienen que demostrar. Fue un golpe contra nuestra democracia constitucional en base a una nueva teoría sobre la autodeterminación que Raül Romeva expuso con pesadez. Nos privó de las preguntas sobre los gastos de su consejería en observadores internacionales que le hubieran formulado tanto el fiscal como la abogada del Estado.