Con la notificación de la sentencia se cierra una etapa largamente esperada en la que, pese a todo, se ha puesto de manifiesto la fortaleza del Estado de derecho. El juicio se desarrolló de forma ejemplar. El elogio hacia Manuel Marchena fue casi unánime, también por parte del más prestigioso abogado de las defensas, Javier Melero. El buen hacer del presidente del tribunal se demuestra también ahora en que ha logrado un veredicto por unanimidad, sin votos particulares, lo que refuerza la sentencia de cara a los anunciados recursos ante el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo negativo son las filtraciones periodísticas del pasado fin de semana. Es lo único que ha emborronado el final tras cuatro meses de deliberaciones secretas en medio de una gran expectación.
En cuanto al veredicto, no ha sido una gran sorpresa. Una condena solo por desobediencia hubiera supuesto una absolución encubierta y colisionado con la prisión preventiva dictada para 9 de los 12 acusados. La duda era si la rebelión podía sustanciarse como sostenía la Fiscalía o los jueces optaban por la sedición atendiendo al criterio de la Abogacía del Estado. Y se han decantado por esa segunda interpretación. Consideran que los hechos violentos –acreditados en las movilizaciones frente a la Consejería de Economía y durante el propio 1 de octubre- no fueron suficientes para lograr la independencia. También descartan que esa violencia fuese preordenada por los acusados, quienes no buscaban materializar la secesión sino doblegar al Gobierno, forzándolo a negociar bajo la presión de la protesta. Al no existir los requisitos para la rebelión tal como está tipificada, esos alzamientos tumultuarios solo encajan con la sedición, lo cual supone unas penas muy inferiores.
Es cierto que cuando los acusados hayan cumplido una cuarta parte de la condena podrán acceder al tercer grado penitenciario. Los Jordis, por ejemplo, podrían salir de permiso en febrero del 2020. Pero no es cierto que se hayan ido de rositas. Les han caído entre 9 y 13 años de cárcel, inhabilitación absoluta para cargos y privación de empleos públicos durante todo el tiempo de la condena. El castigo es considerable y debería ser suficiente para que nadie vuelva a hacerlo. Por su parte, el independentismo debería entender que el tribunal se ha esforzado por moderar al máximo el precio del procés para que no sea un problema añadido. Y con los beneficios penitenciarios que inevitablemente tendrán los condenados, decae el debate sobre el indulto o una amnistía.
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