¿Qué tienen en común los escándalos surgidos en torno al juicio de la Manada, el caso Juana Rivas, la campaña de Sanidad que responsabiliza de posibles violaciones a las chicas que beben alcohol o las declaraciones de Sostres en TVE? La respuesta es sencilla: el machismo. Es algo evidente por mucho que nuestras leyes sigan contemplando la violencia machista como un problema que se da exclusivamente en el contexto de la pareja –lo que, por ejemplo, obliga a la víctima de una violación múltiple a acudir al juicio y ver la cara a sus agresores–.

El machismo carga a sus víctimas no solo con la culpa de las agresiones, sino también con la responsabilidad de prevenirlas y de protegerse. No bebas, no vayas sola, no vistas así… y si pasa, opón resistencia, ve a denunciar, cuéntaselo a todo el mundo. Si no te comportas primero con cautela y luego con heroísmo, alguna culpa tendrás. Esta es la ley del machismo, la ley de la selva donde habita la Manada. Por eso resulta tan necesario recordar que el primer objetivo de toda sociedad es proteger la vida y la integridad de sus miembros. Nos dotamos de instituciones precisamente para poner coto a la ley del más fuerte. En eso consiste el contrato social. Cuando a las mujeres se les impone la lógica del "sálvese la que pueda" estamos dejando fuera del proyecto de país a la mitad de la población.

La violencia cotidiana a la que se enfrentan las mujeres solo se sostiene sobre el silencio. Las denuncias de cientos de mujeres en la campaña #MeToo están obligando, por primera vez, a exigir responsabilidades a los agresores en determinados sectores laborales. Pero ni el machismo es exclusivo de Hollywood ni su combate puede exigir como condición el heroísmo de las mujeres. Las mujeres de este país no tienen por qué ser víctimas ni heroínas, sino ciudadanas de pleno derecho con las mismas oportunidades y garantías que los hombres. Para llegar a ese punto todavía es necesario tomar medidas que garanticen igualdad y seguridad también para las que no tienen la posibilidad o el valor de denunciar públicamente que a ellas también les ha pasado.

Con este fin se aprobó, hace dos meses, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Nos abstuvimos en aquella votación advirtiendo de que un pacto que no incluía financiación alguna era un pacto sin impacto. Ojalá nos hubiéramos equivocado. A día de hoy no se ha puesto en marcha ni una sola de las recomendaciones aprobadas, y es que de poco sirven las fotografías solemnes si no se acompañan de más inversión en políticas de prevención y protección a las víctimas. Por eso hemos presentado una nueva ley para garantizar a los municipios las competencias y el presupuesto para poder combatir las violencias machistas en cada rincón de España. Espero que, por una vez, el Partido Popular deje de bloquear nuestras iniciativas, porque en esta ocasión lo que nos jugamos es algo que debería estar muy por encima del interés partidista.

El feminismo está ganándose, con esfuerzo, el sentido común. La indignación generalizada con el crimen de la Manada es ejemplo de ello. Pero es necesario que todos, y lo digo en masculino plural, nos sensibilicemos con el problema de fondo más allá de la monstruosa punta del iceberg que supone este caso. Que pensemos de qué manera, en nuestra vida cotidiana, seguimos alimentando prácticas que se traducen en brecha salarial, en sobrecarga de tareas domésticas o en negación del espacio público.

Mañana es 25 de noviembre y quienes queremos vivir en igualdad y ver crecer a nuestras hijas en un país mejor saldremos a la calle contra la violencia machista, convencidas de que la solidaridad y la indignación de la ciudadanía acabará imponiéndose a esta lacra y a la intolerable pasividad del gobierno. Lo dice Manuela Carmena: la España que viene es una España feminista.