Los valores de la Unión Europea (UE) son el Estado de derecho y la democracia, según su propio tratado. Pero estos valores no han servido hasta el momento para evitar un Espacio de libre circulación y residencia de los golpistas. La no cooperación de Bélgica con el Tribunal Supremo (TS) corre el riesgo de reproducirse en Alemania o Inglaterra. En un auto de este 17 de mayo, el Supremo ha aludido a las evidentes dificultades para hacer efectivos los principios de respeto mutuo y confianza recíproca, al evaluar el riesgo de fuga.

Las declaraciones de un portavoz comunitario de que no habría problema con la euroorden no pueden atribuirse sino a la falta de solidez intelectual para detectar las paredes maestras del Estado. La denegación por Bélgica de la entrega por cuestiones formales inexistentes es un gran agravio al Espacio europeo, que no casa con los principios de confianza y reconocimiento mutuo, doble incriminación, territorialidad penal y cooperación.

La Sentencia Bob Dogi del Tribunal de Justicia de la UE invocada por los separatistas no es precedente válido. Se está equiparando el caso de un camionero rumano donde no había orden nacional de detención con el de los prófugos golpistas —a tenor de las llamadas leyes de desconexión catalanas del 6 y 7 de septiembre— en el que sí hay otras "resoluciones válidas y efectivas". Su actuación se ha equiparado a una manifestación ecologista —en el caso alemán— o a un problema de tráfico —en el belga—. Debería investigarse si no estamos ante prevaricaciones judiciales, pues resulta incomprensible tanta incompetencia.

Es muy triste que, frente a actuaciones que impulsan golpes de Estado, la historia se repita. El 18 de julio de 1936, Fernando de los Ríos pidió ayuda al que era presidente de Francia, Léon Blum, socialista y amigo. Pero Inglaterra situó a Francia en una posición incómoda frente a la que se desentendió, con la política de no intervención. Ante el golpista Franco hubo equidistancia europea con la República. Hoy los belgas se mantienen equidistantes, y probablemente porque carecen de arrestos para apoyarles abiertamente.

La Democracia española del 78 está sola ante ellos, con la falta de apoyo de los jueces europeos. Parece que permanecen viejos prejuicios, la España de fiesta y siesta, sin un Estado de derecho equiparable. Esta realidad podría retrotraernos a los principios de autotutela y reciprocidad. Si la UE solo vale para cooperar frente a los robagallinas, entonces será mejor volver al Estado de derecho no integrado en la UE. Que nadie le eche la culpa al juez Pablo Llarena, pues no es cierto. Se trata de un juez impecable que ha obrado con el poder de unos argumentos aplastantes. Por razón de ello, precisamente, los jueces belgas no han podido entrar en ellos y han acudido a un inexistente defecto técnico.

Parece que en Bélgica han pesado más motivos extrajurídicos que la aplicación del orden jurídico internacional, europeo o nacional. Como ha indicado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, "solo el desconocimiento del ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden". Frente esta decisión de los jueces belgas habría que poner una cuestión prejudicial y rebelarse. Somos muchos los que confiamos en la Sala de lo Penal del TS como muro de contención del Estado. Saldremos adelante con la confianza en nuestra democracia y Constitución. Espero que también la UE dé un giro a esta situación, para volver a confiar en ella. Pero siempre nos quedará la autodefensa, que creíamos superada en un marco europeo.