La campaña electoral a la presidencia estadounidense está siendo una de las más extrañas, sorprendentes y amargas que se recuerda, con declaraciones y ataques poco habituales en la historia política reciente, al menos en las democracias de estilo occidental. Uno de los factores que está entrando en juego y que debería preocupar a los analistas políticos es el uso de filtraciones de documentos robados de Internet como arma política, que está alcanzando proporciones de epidemia en esta temporada electoral. Y que contiene, tal y como está ocurriendo, preocupantes semillas distópicas.

Como principio general la transparencia en política es una buena cosa: eliminar las cortinas que pueden servir para tapar chanchullos y dejar al descubierto los acuerdos y tratos que se llevan a cabo contribuye a que la democracia sea más sana y los políticos tengan más cuidado a la hora de repartir los dineros públicos. Incluso cuando esa transparencia es forzada, de la mano de filtraciones más o menos legales, puede resultar muy positiva si es que revela abusos o mentiras en el ejercicio de la política. Al fin y al cabo las filtraciones y la publicación de secretos son el pan y la sal de la prensa, y lo han sido desde siempre: ‘periodismo es publicar aquello que alguien no quiere que se publique, el resto es propaganda’, dice un viejo lema periodístico. Y sin embargo no todas las revelaciones son adecuadas, proporcionales en el daño que causan al bien revelado o justificables. Y en esta temporada electoral estadounidense algunas resultan preocupantes.

No ya por el hecho de que el método de obtención de documentos del Comité Nacional Demócrata haya sido un ‘crackeo’ en Internet, es decir un robo de información, sino por el modo como se ha publicado y por las sospechas de quién está detrás. La obtención de documentos por métodos ilegales no supone necesariamente un problema: muchas veces los papeles que prueban malas actuaciones por parte de los gobiernos son técnicamente secretos, y se sabe que las leyes de protección de información confidencial se abusan para cubrir errores. Pero siempre debe haber un cierto grado de proporción entre la importancia de lo destapado y el posible daño que se pueda hacer al publicarlo. Y en este caso las revelaciones eran de poco calado y el esfuerzo para minimizar los daños ha sido nulo.

De hecho se han llegado a publicar datos personales de individuos cuyo único ‘pecado’ era haber realizado donaciones legales a una organización política, incluyendo información tan sensible como números de cuenta corriente, de tarjeta de crédito o de la Seguridad Social (equivalente en EE UU al número de DNI). De hecho la publicación de estos datos era innecesaria desde el punto de vista de la transparencia política, y suena casi como un castigo en sí mismo: una forma de ‘doxxing’. En esta actividad punitiva se hacen públicos los datos personales de alguien en la Red para dificultar su vida y facilitar que sea acosado; es una táctica muy habitual en las guerras de la Internet profunda, como el escándalo conocido como Gamergate. La aparición de este tipo de acciones en política es una muy mala señal.

Y es aún peor: hay sospechas de que detrás del robo original de la información están servicios secretos de Rusia. Se confirme su culpabilidad o no la mera posibilidad de que agentes extranjeros estén usando este tipo de tácticas para influir en los resultados electorales de otro país es preocupante, y hace posible una escalada de guerras en las alcantarillas de las que nadie saldría bien parado. De hecho algunos especialistas en seguridad informática alertan del verdadero peligro de este tipo de ataques subrepticios usando información robada: la posibilidad de mezclar datos falsos en el torrente de información verdadera con el fin de perjudicar a alguien. Resultaría muy difícil probar que en una gran filtración que es verdadera en un 99% precisamente el 1% más dañino es falso. Y esto abre una inquietante posibilidad de manipulación electoral que da mucho miedo.