La llegada en el Aquarius de 123 niños y adolescentes no acompañados, unida a las imágenes de la inhumana separación de sus familiares de niños de muy corta edad en la frontera sur de Texas, han puesto una gran atención pública sobre un fenómeno que desde hace años inquieta profundamente y ocupa a las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia: la situación de extrema vulnerabilidad de los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que llegan a nuestro país.

¿Cómo es posible que niños y adolescentes lleguen a emprender un viaje que implica tan elevados riesgos? La experiencia nos enseña que lo hacen movidos por motivos de contexto -la inseguridad política y económica en sus países de origen-; por motivos relacionados con su entorno familiar y comunitario -niños víctimas de maltrato, abuso, explotación laboral, niñas forzadas a casarse-; o por motivos de carácter personal -aspiración de oportunidades educativas y laborales imposibles en sus lugares de origen, el deseo legítimo de una vida mejor-.

El año pasado, 4.000 niños y adolescentes no acompañados llegaron a España desde el norte de África. El número de ellos tutelados por las Comunidades Autónomas creció un 60% con respecto al año anterior. Con el flujo de llegadas que está teniendo lugar en 2018, es previsible que la cifra de este año vuelva a aumentar significativamente. Mientras que la distancia física entre ellos y nosotros es de tan solo 14 kilómetros, la distancia en términos de oportunidades es abismal. Por eso resulta falaz alertar sobre un potencial efecto llamada: lo que realmente se produce es un efecto expulsión. Nadie pone a su hijo en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra, dice el verso de la poeta somalí Warsan Shire.

El modo en que España reciba y acoja a estos niños y adolescentes definirá en buena medida nuestra altura moral como país. No podemos rasgarnos las vestiduras ante la deshumanización de la política migratoria de la administración norteamericana en la frontera de Texas, mientras España mantenga políticas migratorias que vulneran conscientemente derechos fundamentales de los niños y adolescentes no acompañados.

Urge en nuestro país una reforma en profundidad del sistema de acogida y protección de los menores extranjeros no acompañados que, entre otras medidas, elimine las devoluciones en caliente de menores en frontera, totalmente contrarias al derecho internacional; que establezca procedimientos precisos y completos de determinación de la edad de estos menores, para evitar la desprotección a la que exponemos a aquellos que, siendo menores, consideramos mayores de edad; que asegure procedimientos ágiles de obtención de permisos de residencia y de trabajo, en igualdad de derechos con otros menores tutelados por la administración; que fortalezca con recursos humanos y económicos los centros de protección en los que residen estos menores, y establezca estándares mínimos de calidad para estos recursos en todas las Comunidades Autónomas; que defina recursos de apoyo para estos adolescentes en el momento de su transición a la vida adulta, cuya ausencia con demasiada frecuencia les precipita inexorablemente a la exclusión social. Una reforma, en definitiva, cuya mirada sobre los menores extranjeros no acompañados esté determinada por su condición de niños, no de migrantes.

Son sólo niños, niñas y adolescentes. Y son los más solos, los más expuestos a los peores riesgos imaginables. Su derecho a estar protegidos es nuestra obligación.