El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hace unos días al Estado español a devolver la multa de 2.700 euros con la que fueron sancionados dos jóvenes que quemaron una foto de los reyes en 2007 en Girona. Va a servir de muy poco el tirón de orejas, porque PP, PSOE y Ciudadanos apoyan que las injurias a la Corona sigan siendo delito, así que una más para tener en cuenta a la hora de lanzarnos o cortarnos en contar y hacer según qué cosas.

Son malos tiempos para la libertad de expresión. Lo estamos viendo con tuiteros, raperos, creadores, periodistas… que son condenados por la reforma del Código Penal y la aplicación de la llamada ‘ley mordaza’, que acaba de cumplir tres años y sigue de pleno vigor. Un juzgado ha condenado a la revista Mongolia a indemnizar con 40.000 euros al torero Ortega Cano por un chiste y otro ha abierto diligencias previas contra el actor Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen.

Por otro lado, Amnistía Internacional acaba de denunciar en un informe que el Gobierno está haciendo un "uso abusivo" de las leyes antiterroristas criminalizando un abanico tan grande de expresiones que el resultado puede ser una sociedad en la que los ciudadanos teman expresar opiniones poco populares o incluso hacer chistes polémicos. Es todo tan absurdo...

Dicen los políticos, sobre todo los que gobiernan o han gobernado, que somos un país más democrático, pero el panorama judicial en este momento no lo confirma. En los años 80 me condenaron en primera instancia dos veces por dos informaciones que había publicado. En los dos casos, los aludidos en ellas me denunciaron por atentar contra su honor y en los dos me absolvieron atendiendo a la libertad de expresión y a la veracidad de lo publicado. Recuerdo que durante el proceso judicial pensaba que no me podían condenar, que este era ya un país libre y con libertades y que se impondría el sentido común porque todo lo que yo había contado era verdad. También recuerdo que me autocensuré, sí, y que durante un tiempo no publiqué informaciones digamos ‘delicadas’ por si acaso, aunque es verdad que los temores y las prevenciones desaparecieron con las sentencias. Hoy me cuidaría muy mucho.

Algunos artículos de la ley mordaza suponen, por ejemplo, que periodistas, cámaras y fotoperiodistas se vean obligados a dejar de grabar o fotografiar actuaciones policiales por el riesgo a ser sancionados. Y multas excesivas ya ha habido, aunque la peor es obligarnos a dejar de informar sobre lo que consideramos relevante.

Dice el magistrado Joaquim Bosch que la libertad de expresión es el mejor termómetro para medir la calidad democrática de un país, que aquí el retroceso es palpable, que empezó con las leyes mordaza y que acabará con cientos de personas condenadas por usar la palabra y con millones que frenarán sus opiniones por si los castigan. Pues eso, muy malos tiempos para los derechos y las libertades.