Que un grupo de científicos españoles hayan tenido que acudir a Change. org para organizar una campaña de recogida de firmas a una carta en la que lanzan al Gobierno un SOS para salvar la investigación científica, en situación de mínimos, nos retrotrae a los primeros años del siglo pasado cuando Don Santiago Ramón y Cajal decía aquello de que "investigar en España es llorar", que tanto ha retratado a este país.

Esta noticia tan de lamentar no es la única referida a la penosa situación de los científicos que se ha producido en los últimos días. También hemos conocido que quien fuera el líder de la Federación de Jóvenes Investigadores, José Manuel Fernández, que organizó en 2013 junto con sus colegas la que ha sido la mayor manifestación de científicos de las que se han organizado, ha dejado la investigación por un puesto administrativo en Bruselas, harto de que las cosas no mejoren. Porque a pesar de que nos repiten una y otra vez los éxitos de una recuperación económica, las ayudas públicas a la ciencia están en los mismos niveles de 2006.

Los investigadores denuncian en su carta la situación de progresivo abandono de la ciencia española provocada por los recortes en la inversión por parte del actual Gobierno y porque aunque aprobadas, hay partidas económicas que no se han ejecutado. Y apelan a los científicos, académicos, sociedades científicas, sindicatos y organizaciones preocupadas por la situación social a emprender las acciones que estén a su alcance para tratar de corregir la situación.

Apelan los científicos a la conexión entre inversión en ciencia y rentabilidad económica –que nadie discute–, y a que un país moderno como se supone que es el nuestro, debería basar sus acciones de futuro en educación, cultura, sanidad y ciencia. Pero tengo la sensación, ójala me equivoque, de que predican en el desierto. Los datos están ahí para recordarnos que muy poco se ha hecho en inversión en I+D. Desde 2009, España ha disminuido sus aportaciones a la ciencia un 9,1%, mientras países como Alemania o Reino Unido lo han aumentado un 37% y un 39%. También lo han hecho países como Portugal, que han sufrido la crisis y que incluso fueron rescatados, según varios informes publicados en 2017.

¿Qué pasa aquí, entonces? Se me ocurre que el presidente tampoco quiera entrar en eso ahora y que su ministro de Economía, el responsable de la gestión de la ciencia, está enzarzado únicamente en su aspiración por conseguir la vicepresidencia del Banco Central Europeo.

Al hilo de toda esta miseria, me pregunto: ¿Cuánto nos cuesta la corrupción en España? Según han publicado varios medios, unos 500 euros al año por habitante. Echen cuentas de lo que se puede hacer con todos esos euros. Ah, y apoyen a los científicos.