Es lacerante que en un país como el nuestro, con un altísimo índice de despoblación de las zonas rurales y con niveles tan altos de desempleo de jóvenes en las ciudades, se condene a unos "okupas" por restaurar y darle vida a un pueblo abandonado, Fraguas, por mucho que ahora sea —que no siempre lo fue— un monte de utilidad pública de la Sierra Norte de Guadalajara, propiedad de la Junta de Castilla La Mancha.

Con la crisis, fueron (fuimos) muchos los que tuvieron que abandonar las ciudades por imperativo vital para instalarse en los pueblos con proyectos nuevos basados en oficios de siempre y de ese modo consiguieron matar dos pájaros de un tiro: conseguir con mucho esfuerzo un sustento y revitalizar de paso las zonas rurales. Muchos lo lograron. Ejemplos hay en todas las provincias de gentes que emigraron al campo, ocuparon pueblos abandonados, restauraron casas, plantaron huertos y encontraron un oficio del que hoy siguen viviendo.

Pero a seis jóvenes de la Asociación de repobladores rurales de la Sierra Norte, que pretendían hacer esto mismo, les acaba de condenar un juzgado de Guadalajara a un año y medio de prisión y a una multa de 16.380 euros por ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización el pueblo abandonado de Fraguas. Además, y esto es lo más alucinante, deberán costear la demolición de las casas que han construido desde 2013 sobre las ruinas de las que había, para que el lugar vuelva a ser un erial o un campo de maniobras militares como lo fue en los años noventa.

Los condenados han contado con el aval de más de 70.000 firmas de apoyo a su causa, también con el de los antiguos habitantes del pueblo, a los que el Gobierno echó de allí en 1968 y expropió sus tierras y sus casas, pero esto no ha sido suficiente para evitar una condena que se pretende ejemplarizante por el crimen de haber repoblado sin permiso un pueblo, que gracias a ellos ha vuelto a existir.

Que sepamos, hasta ahora el riesgo de despoblación de las zonas rurales era alarmante. Pues parece que el Gobierno castellano manchego, que ha ejercido la acusación particular, se ha olvidado de que en la provincia de Guadalajara la tasa de riesgo de extinción demográfica alcanza ya el 90% de sus municipios.

De acuerdo, la Junta debe proteger una propiedad que es de todos. Pero también es verdad que la aldea estaba abandonada y que estos jóvenes han trabajado para volver a ponerla en el mapa; es decir que hacen una labor muy positiva porque, entre otras cosas, generan actividad económica. Item más: la pérdida de población supone un factor de riesgo para la conservación del medio natural y los nuevos habitantes de Fraguas están ahí para evitarlo. Entonces, yo me pregunto: ¿por qué el gobierno regional no considera cederles el uso en lugar de pretender que se destruya de nuevo el pueblo?