El puerto de Arinaga, en el sur de Gran Canaria, se hizo para descongestionar el cercano de La Luz y Las Palmas. Costó 23,5 millones de euros de los que Europa puso 11,8 millones. La primera embarcación que lo inauguró fue una patera con inmigrantes subsaharianos. Pocas más han atracado desde entonces. Las instalaciones están ahora mismo prácticamente sin uso, pero nadie devolverá el dineral invertido ni restaurará el daño ambiental provocado en los fondos marinos. Tampoco lo harán los responsables de levantar el gigantesco puerto de Granadilla, en Tenerife. 115 millones de euros que han hormigonado uno de los bosques submarinos de sebadal más importantes del Atlántico a pesar de estar estrictamente protegido. Y para poco más que permitir un puñado de buenos pelotazos recalificando terrenos. En Fuerteventura se gastaron 14 millones de euros en ampliar el puerto de Gran Tarajal (7.000 habitantes) por razones de “excepcional interés público”, dado su supuesto gran potencial de crecimiento. Aquí también había un importante sebadal que se aseguró no iba a verse afectado por las obras. Aún recuerdo la inmersión que hice cual intrépido periodista submarino a la zona de dragado. Imposible grabar con la cámara acuática pues toda el agua estaba enturbiada por los restos arrancados de las pobres plantas. De nada sirvió la denuncia en el periódico. Y de nada ha servido la infraestructura que, como la de Arinaga, apenas recibe la visita de pateras y algún que otro barco de turistas despistados.

Según un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo, un tercio del gasto de la UE en instalaciones portuarias como muelles, diques y espigones efectuado entre 2000 y 2013 fue “ineficaz e insostenible”. Los proyectos españoles se llevaron en total 465,5 millones de euros de financiación europea, de los cuáles 394,2 millones han ido a parar a infraestructuras no utilizadas o infrautilizadas.

No pasa nada. Que siga corriendo el dinero. Como decían nuestros belicosos Tercios en Flandes, disparar con la pólvora del Rey sale gratis y hasta muy rentable. Levantamos la alfombra de la decencia y escondemos bajo ella nuestras vergüenzas. Otra cosa es que se obligara a los responsables de todos estos carísimos caprichos a devolver hasta el último céntimo gastado inútilmente. Pero no lo harán a pesar de que sabían que el dinero se iba por el desagüe de los bolsillos sin fondo de las empresas amigas. ¿Puestos de trabajo? Los del modelo clínex de usar y tirar al paro.

La locura de las grandes infraestructuras innecesarias no se limitó a aeropuertos fantasma, casi uno por provincia. El mismo disparate se ha hecho en España con las terminales de contenedores. Sólo así se entiende que Galicia cuente con cuatro puertos comerciales frente al único existente en el País Vasco. Y que uno de ellos sea el puerto exterior de Punta Langosteira (A Coruña), que costó 590 millones y apenas usa el 10% de su capacidad. O que Andalucía tenga siete, todos languideciendo frente al de Algeciras, igualmente ampliado a golpe de talonario (511,5 millones) a pesar de la competencia intratable del gigante vecino de Tánger Med.

“No hay coordinación entre las distintas autoridades portuarias”, me confiesa un experto en tráfico marítimo. Cada una hace lo que quiere sin tener en cuenta a las otras, y eso explica el despilfarro que ahora critica el Tribunal de Cuentas Europeo. Aunque por más que leo y releo su demoledor informe “El transporte marítimo en la UE se mueve en aguas turbulentas - mucha inversión ineficaz e insostenible”, no dejo de salir de mi asombro. Básicamente nos están diciendo: “Efectivamente, nos han robado a manos llenas, pero lo sabemos y es importante tenerlo en cuenta para futuros proyectos”. Les falta incluir la famosa coletilla de “Yo no soy tonto”. Mientras, los ciudadanos bajamos la cabeza y pensamos: “Nosotros sí que somos tontos del culo dejándolo todo en sus manos”.