Al final, la amenaza contra el arranque del 'juicio de la historia' no estuvo ni en las procesiones políticas a las puertas del Supremo, ni en los disturbios de los CDR en Cataluña, ni en las bravatas del público de Vox en los pasillos del Alto Tribunal al paso del president Torra.

La amenaza, quién lo iba a adivinar, vino del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde el acalorado debate de Presupuestos marcó este martes el inicio de una precampaña electoral ya casi inexorable; toda una "interferencia" por la que nadie apostaba días atrás y que, no obstante, la lenta pero segura maquinaria judicial parece determinada a ignorar.

Así, la expectación mediática de una madrugada de hielo –casi una hora de cola para los 600 periodistas acreditados– , fue languideciendo a medida que la liturgia técnico-procesal consumía las alegaciones de los letrados de las defensas y atornillaba a sus asientos durante horas a los ilustres acusados.

Solo alguna que otra extravagancia levantó del sopor al 'respetable', como las que brindó Jordi Pina, el abogado más correoso y cañero –representante de Rull, Turull y Sánchez–, al pedir a los miembros de la cúpula judicial que no "hagan de salvapatrias"; al insistir en la declaración del rey de España en el estrado; o al lanzar –seguido luego por la letrada de Forcadell– sus sospechas de parcialidad contra el mismísimo presidente de la Sala, Manuel Marchena.

A primera hora de la tarde, la pista de circo no estaba ya en el mullido banquillo del exvicepresidente Junqueras y los otros 11 presuntos responsables penales del procés, sino en la efervescente bancada del Congreso.

El Supremo se propuso, como se sabe, habilitar todas las horas posibles para concluir la vista antes del inicio de la campaña electoral de mayo; pero una vez empezado el juicio, la cosa cambia, y –aviso a navegantes y estrategas de todo signo– la reacción oficiosa ante un eventual proceso electoral era, este martes, muy clara: un juicio con presos no se puede suspender.

Por lo demás, si de algo sirvió la primera sesión fue para comprobar que las defensas de los acusados confían más en Estrasburgo que en el Supremo.

La hora y media de intervención de Andreu Van den Eyden –en su denuncia de un presunto juicio político contra de sus clientes, Junqueras y Romeva– no solo se dirigió a retratar los disturbios de septiembre de 2017 como accidentes en el ejercicio de unos derechos fundamentales («el debate no es si se ha roto un coche, sino si se ha roto en el curso de un derecho de protesta»); además, se permitió citar varias veces en su favor al presidente del Tribunal europeo, Guido Raimondi, pese a que este defendió a la justicia española días atrás en presencia de Pedro Sánchez.

Pero si algo hizo la Sala, con vistas a este futuro examen, fue otorgar a las defensas una manga ancha inédita en la gestión de los tiempos. Pese al contenido de las alegaciones, la corrección, la normalidad, y hasta la cordialidad de los políticos presos y de sus familias, contribuyeron este martes al tono de una vista casi aburrida, y alejada del volcán electoral.