Este martes la sala de audiencias del Supremo ha vuelto a registrar el lleno de los primeros días de juicio. Nadie esperaba una sesión sorpresiva, ni polémica. Lo que allí se servía era una sucesión de larguísimos monólogos, apenas replicados por alguna que otra tos y el más sepulcral de los silencios.

No obstante, la hora en que el fiscal Javier Zaragoza ha inaugurado su informe ha traído consigo la solemnidad propia de la hora de la verdad. La verdad de la acusación pública, claro. La verdad de unos 'fiscales rebeldes', herederos de aquellos de la Audiencia Nacional de los años 90, así bautizados por investigar por terrorismo de Estado a altos cargos del Ejecutivo socialista; cuatro fiscales determinados por convicción jurídica, y contra el viento y las mareas de la 'política del diálogo', a acusar de rebelión a los líderes del 'procès'; eso sí, sin la presión en contra de María José Segarra, fiscal General del Estado sin los galones de fiscal de Sala de sus subordinados.

No fueron Vox ni el PP ni Ciudadanos ni ningún grupo de presión quienes han concluido la vista definiendo el desafío independentista como un "golpe de Estado". Han sido los más altos profesionales del Derecho, todos ellos antiguos compañeros de Marchena, quienes han atribuido a los políticos presos un "estado de excepción" -Junqueras, "motor principal"- y el "uso consciente" de un grado de "violencia física" e intimidatoria "suficiente" -"no más, pero tampoco menos"- para "transitar a la independencia".

Más de una hora ha invertido el también fiscal Javier Moreno en argumentar que no solo hubo la violencia que en su día negó Pedro Sánchez, sino que fue un instrumento "causal" para el fin perseguido, que no era subvertir el orden público -sedición- sino el orden constitucional -rebelión-.

La ex fiscal general Consuelo Madrigal lo ha tenido más fácil. Su informe sobre la malversación ha estado plagado de datos documentales y testificales a los que se sumó la Abogacía del Estado. Pero el cuarto fiscal, Fidel Cadena, ha vuelto a la carga con el informe más técnico sobre la rebelión y el dolo, dirigido a un tribunal exigente, al que no bastará con que hubiera violencia, sino con que esta resultara indispensable para la comisión del delito.

Por eso Rosa Seoane -no caben abogados del Estado 'rebeldes', como puso de manifiesto la destitución de Val- se ha movido con una digna pero átona comodidad en la levedad de la sedición. Ha admitido "uso de la fuerza", pero ha declarado "no probada" la violencia como "elemento estructural" del alzamiento.

Vox, como tantas veces, ha pasado por allí.