Seguramente lo que ocurrió este miércoles en el Supremo podía haber ocurrido antes. El desfile de testigos desmemoriados empezaba a formar parte del paisaje, y nadie parecía ya dar importancia al 'no sabe, no contesta', o al sarcasmo de las imprecisas referencias a "un tal Toni"... Pero en algún momento había que detenerse, y fue cumplido un mes del inicio del juicio y en la jornada más corta de las celebradas hasta ahora, cuando el Ministerio Público dijo basta.

Con su expresa petición a la Sala de que proceda contra el responsable de Difusión de la Generalitat por falso testimonio, el fiscal Moreno venía a restituir una cierta dignidad en el estrado. Si semanas atrás el propio tribunal expulsó a dos testigos de la CUP por negarse a contestar a las preguntas de Vox y les requirió de sanción y de un posible delito de desobediencia grave –mediante exhorto a los juzgados de Barcelona–, este miércoles el juez Marchena hubo de interrumpir la declaración de Jaume Mestre para advertirle de que no solo la mentira, sino también las evasivas tienen un precio en el Derecho Penal.

Pase por que la campaña para el registro de catalanes residentes en el exterior 'no' fuera un registro de votantes; pase por que las empresas colaboradoras 'no' reclamaran facturas de hasta 82.000 euros; pase por que el concurso de otra campaña por el voto (valorada en 2,7 millones) se declarara desierto tras la renuncia de las firmas publicitarias "por temas económicos y de reputación"... lo que ya es mucho pasar. Pero que el responsable de la misma no supiera cómo, por qué ni por cuánto acabó haciéndola la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, cuya directora lo señaló a él como interlocutor ante el juez Llarena... ya parecía demasiado.

Lo de menos, casi, es que el tribunal acabe por deducir testimonio contra el funcionario en sentencia. Lo crucial es que, en adelante, nadie se haga el listo ante la cúpula del Poder Judicial en España. La debilidad de Mestre –más torpe que falto de memoria– contrastó con el testimonio rocoso de alguien como el ex secretario general de Diplocat.

Albert Royo no solo sorprendió por su acorazado empeño en negar el pago de observadores internacionales en el procés, sino por la osadía de declarar como testigo, contra sus propios intereses como imputado en los juzgados de Barcelona. Toda una piedra en el camino de las acusaciones y un ejemplo que tal vez quiera imitar el mayor Trapero. La aparición del exjefe de los Mossos –salvo sorpresas–, este jueves en el Supremo, devolverá la tensión mediática a la Sala de Vistas.