Esta vez el Gobierno ha hecho una exhibición de reflejos. En unas pocas horas salió al paso de la indignación popular que provocó la sentencia del Supremo, contraria a los clientes de hipotecas, modificando la ley para que esa carga la soporten los bancos. Lo anunció solemne el miércoles el presidente del Gobierno y este jueves lo aprobó el Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez lo quiso escenificar ante los medios empleando el "nunca más", aquel lema que acuñó la izquierda cuando el desastre del Prestige. "Nunca más –enfatizó– los españoles tendrán que pagar el tributo de actos jurídicos documentados". El súbito decreto ley que cambiará el sujeto pasivo de ese impuesto le quita gas a la contestación callejera que ya se estaba armando, pero el fiasco ha causado daños difíciles de reparar.

El balance es devastador. El proceder del Supremo en esta causa se estudiará en las universidades como el ejemplo a no seguir. Sus magistrados hicieron el peor negocio imaginable. Hundieron primero a los bancos en las bolsas, hasta hacer temblar el sistema financiero, para después encender a sus clientes. Ni siquiera la banca, a la que la resolución final del Pleno descargaba de pagar el impuesto, mostraba euforia alguna con lo sucedido al quedar tocada su reputación ante la sociedad, en general, y su clientela, en particular.

En el imaginario público se proyectó la sospecha de que los banqueros torcieron el brazo de los jueces. Una munición de grueso calibre para el populismo como lo demuestran los exabruptos del independentismo descalificando a la Justicia española.

En este aspecto, el desprestigio sufrido por el Alto Tribunal tras el desgraciado episodio no puede ser más inoportuno, al producirse en los prolegómenos del que será, con diferencia, el juicio más comprometido y trascendente de nuestra historia reciente, el de los imputados por el procés. El separatismo aprovechará la circunstancia para manipular la indignación popular con el Supremo por las hipotecas y volcarla en contra de sus actuaciones contra los separatistas que urdieron el golpe al Estado de derecho. Que nada tenga que ver no les importa.

El roto excede, por tanto, el asunto juzgado y es de tal naturaleza que ni la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, al que solo le queda un mes para dejar el cargo, ni la del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis Díez-Picazo, que manejó el asunto con inusitada torpeza, bastaría para reparar los estragos causados a la institución .

Para el común de los mortales es difícil entender cómo una misma norma puede ser interpretada por 15 magistrados de forma tan distinta a la de los otros 13 miembros de un mismo tribunal. Cierto es que esto solo es posible cuando la ley y su reglamento presentan contradicciones que dejan abierta la puerta a la discrecionalidad.

Es algo que tampoco tendría que suceder «nunca más», porque en los 25 años de vigencia del texto legal los partidos políticos tuvieron tiempo sobrado de legislar con mejor fortuna y precisión. Por desgracia, no es una excepción en nuestro ordenamiento jurídico, necesitado de reglas claras que no pongan en riesgo la seguridad jurídica indispensable en un país serio y fiable. Y para que los jueces no nos abochornen "nunca más".