Por fin un pacto de Estado. La protección a la infancia ha logrado un consenso entre los grupos parlamentarios casi inédito en España. Aunque a la propuesta del Gobierno no le faltan peros, todo el arco político está de acuerdo en liberar recursos para proteger a los menores de la pobreza.

Dos millones y medio de niños y niñas se beneficiarán de las nuevas prestaciones, y se ampliarán las ayudas al estudio y la inversión en becas. Poner palos en las ruedas a iniciativas así comportaría un riesgo electoral inasumible.