Esta noche, a las 12, habrá concluido oficialmente la campaña electoral del 28-A. Es importante destacar lo de "oficialmente" porque, en la actualidad, resulta muy difícil delimitar qué es campaña electoral y qué no.

Tiempo atrás, cuando no existían las redes sociales, los candidatos más avispados se dejaban ver como quien no quiere la cosa en lugares públicos para darse pequeños baños de masas que solía difundir algún que otro medio cómplice. Era la forma de mantener su imagen en la retina de los electores sin romper, al menos en apariencia, la llamada jornada de reflexión.

Alguno todavía caerá mañana en la tentación de hacerse visible en espacios concurridos con la idea de rebañar los votos que pueda. Pero mucho han cambiado las cosas desde que se redactó la Ley Electoral y esas 24 horas de reflexión, que ya entonces no todos vieron necesarias, carecen ya de sentido alguno.

Los folletos, la cartelería, las caravanas electorales e incluso los mítines han perdido protagonismo en favor de lo que acontece en las redes y en los medios de comunicación. Mañana no habrá inserciones publicitarias en los periódicos, radios ni televisiones, pero sí habrá información que influye bastante más que la propaganda.

Ni que decir tiene que los equipos de agitación en redes de cada partido estarán tan activos o más que cualquier jornada de campaña, con lo que el pretendido sosiego que la ley trata de preservar para que el elector reflexione en paz no será tal. Esta limitación ha quedado tan fuera de lugar como la de publicar encuestas, que limita a los cinco días previos a la jornada electoral para mostrar los trabajos demoscópicos.

Tiene sentido que se regulen los criterios de veracidad de los sondeos para conjurar en lo posible las manipulaciones interesadas, pero en la era digital las posibilidades de saltarse esa norma son tan variadas que resulta hasta ridículo ponerle puertas al campo. Al final, la frutería de Andorra y otras triquiñuelas similares se pueden saltar la restricción sin exigencia de veracidad alguna.

Los propios sondeos realizados sobre quién ganó o perdió los dos debates celebrados en televisión constituyen de alguna manera una forma de encuestar que cada medio manejó como le pareció. En lo que a los debates se refiere, la semana pasada quedó suficientemente claro que la Ley Electoral ha de regularlos para que sean obligatorios y no dependientes de los intereses de los líderes de turno.

Los debates en televisión son tan importantes para contrastar propuestas y medir las hechuras de los candidatos que el martes pasado, cuando concluyó el celebrado en Atresmedia, parecía que la campaña electoral había expirado.

Horas después se produce un movimiento telúrico como la salida del PP del expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido y su inclusión en las listas de Ciudadanos, y nada parece igual que el día anterior, no al menos para Pablo Casado.

Es obvio que Ley Electoral exige una actualización, tan obvio como el escaso interés que los partidos ponen en modernizarla, tal vez conscientes de su ya contrastada incapacidad de alcanzar acuerdos por razonables que sean. Mañana toca reflexión por decreto, ya me dirán para qué.

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