Se extraña el Gobierno de las protestas de los jubilados ante la deriva de sus pensiones. Las considera, en cierta forma, injustificadas por entender que el de las clases pasivas es el colectivo que ha sufrido menos la crisis. Recuerdan que a sus cuentas corrientes llegó puntual la paga de cada mes y que hubo, incluso, ejercicios en que experimentaron pequeñas mejoras a pesar de las penalidades financieras del país.

Es cierto que el sistema público de pensiones aguantó bien y que, a pesar de la precariedad extrema de los años duros, cumplió con este colectivo, que a su vez respondió ejerciendo de red social al acudir en socorro de los  hijos y nietos castigados por el paro. Todo eso es verdad, pero también lo es que, desde entonces, el panorama que se ha ido dibujando a los pensionistas no es precisamente halagüeño. 

Para empezar, el déficit del sistema se ha zampado con creces aquella hucha de los 70.000 millones ahorrados en los tiempos de vino y rosas. De hecho, la última paga extra hubo que cubrirla con un préstamo del Estado y, aunque mejoren los ingresos, están lejos de alcanzar el ritmo con el que crece el gasto. 

Los jubilados lo saben y observan cómo en los últimos tres años la inflación ha ido mordiendo el valor adquisitivo de sus pensiones, limitadas en su revalorización al 0,25% desde que el Gobierno del PP decidió desligarla del IPC. Esta norma, unida al llamado coeficiente de sostenibilidad que entrará en vigor en solo 10 meses, proyecta un futuro de devaluación más o menos lenta pero, sin duda, inexorable que justifica el recelo de los pensionistas de ahora y de quienes están en puertas de jubilarse. 

El temor fundado, de no corregirse esta deriva, es que en 10 o 15 años la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones pueda rondar el 20%. Son las cuentas que echan y que preocupan, con razón, a los nueve millones largos de pensionistas que hay en España, sin duda alguna la fuerza electoral más poderosa y compacta del país. 

Uno de cada cuatro españoles vive de su pensión, y uno de cada tres ciudadanos con derecho a voto es pensionista. El de los mayores es, por si fuera poco, el segmento más participativo de la población en las citas con las urnas, lo que los convierte en un colectivo electoralmente temible. Se entiende, en consecuencia, que al PP le hayan saltado todas las alarmas al oír en las calles los gritos de los jubilatas y que la oposición le haya exigido en bloque un pleno sobre el futuro de las pensiones. 

Salidas de emergencia tan difusas como la de Montoro anunciando beneficios fiscales en «edades avanzadas» o calificando de anticuada la referencia del  IPC en lugar del crecimiento del PIB, más que aplacar ánimos los irritan. El PIB ha subido estos años en torno al 3% y no el 0,25 aplicado a las pensiones. A decir verdad, desde la oposición tampoco aportan grandes soluciones a este debate; las propuestas que hemos oído hasta ahora pueden ser interesantes pero quedan muy lejos de tapar el enorme agujero que se abre en las cuentas de la Seguridad Social.

A las fuerzas políticas hay que exigirles un ejercicio de responsabilidad, al margen de cortoplacismo alguno, y que aparten esta cuestión de la riña electoral. Son los técnicos, los expertos quienes han de proponer un abanico completo de iniciativas que puedan ser consensuadas políticamente al objeto de garantizar la viabilidad del sistema. Y no sería justo que su sostenibilidad se basara en la depreciación paulatina de sus retribuciones. Como a los jubilados no les salgan las cuentas, la rebelión estará servida, y su voz tronará en las urnas.