Lo han vuelto a hacer. Podemos no pierde oportunidad alguna de perder una oportunidad. El episodio que protagonizó el martes pasado en el Pacto de Toledo así lo constata. Ante la sorpresa y desolación de la mayoría de los diputados que conforman esa Comisión, la representante de la formación morada presentó un aluvión de votos particulares al acuerdo que, aunque cogido con alfileres, representaba el más fructífero resultado de los casi tres años de trabajo del grupo de seguimiento encargado de proponer una reforma pactada del sistema de pensiones.

Estaban descontados los tres votos particulares de los podemitas contra la jubilación a los 67 años, el aumento del periodo de cálculo de las cotizaciones y las pensiones complementarias, pero no la veintena de pegas que interpuso, a última hora, hasta constituir una auténtica enmienda a la totalidad. Reventó el pacto como si todo lo negociado en esos dos años y medio no hubiera servido para nada, como si la única manera de obtener una lista de recomendaciones consensuada fuera el aceptar todas sus exigencias.

Fue una negociación difícil, y es verdad que las premuras electorales no han ayudado, pero las pretensiones podemitas constituyeron un portón de escape idóneo para el PP, reacio a proporcionar cualquier baza electoral que pueda favorecer a Pedro Sánchez. A los morados no les ha salido gratis su ligereza, hasta el portavoz de Compromís, con los que gobiernan en Valencia, les reprochó que rompieran el pacto "porque les da la gana y sin argumentación ninguna, algo impropio –enfatizó– de un partido que se dice del cambio".

Puede, sin embargo, que la factura más abultada la paguen en términos electorales, justo lo contrario de lo que pretendían con la ruptura. El borrador de consenso que se había dibujado era una buena noticia para los nueve millones de pensionistas que hay en España. Sus líneas maestras se oponían a cualquier transformación radical del sistema; recomendaba la revalorización de las pensiones en base al IPC y mantenía las cotizaciones como fuente principal de ingresos. Ese texto señalaba la necesidad de que todas las prestaciones asistenciales o de ámbito universal fueran pagadas con transferencias del Estado y, en consecuencia, financiadas con impuestos.

Se trataba de liberar del sistema los subsidios, las ayudas a sectores productivos a través de adelantos de la jubilación o los incentivos al empleo juvenil, prestaciones a la maternidad... etc. La idea era que, retirando de forma progresiva esas cargas de las cuentas de la S. Social, el déficit financiero de las pensiones fuera eliminado en el 2025. Aunque esas directrices hubieran resultado insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema, el haber dispuesto de un marco de actuación previamente acordado habría permitido un trabajo técnico y eficaz al margen del rifirrafe político. Al tratar de imponer su propuesta de máximos infinanciable con la pretensión de desmarcarse del PSOE, Podemos ha perjudicado a la fuerza electoral más compacta que hay en España, la de los pensionistas. Una vez más han olvidado que lo mejor es enemigo de lo bueno.