Hace tiempo que perdimos la fe. Hace mucho que se extendió, entre los conductores, la idea de que tanto semáforo con foto rojo y tanto radar no respondía a estrategia alguna de seguridad vial sino a la de la pura y dura recaudación. Es obvio que hay municipios que han convertido sus calles y carreteras en un avispero sin otro objeto que el de brear a picotazos el bolsillo de los automovilistas. La inmensa mayoría paga religiosamente las multas con que son aspados como una suerte de impuesto revolucionario por la osadía de circular.

Pero lo que antes era sospecha ahora es convicción; lo es desde que una legión de agentes de la UDEF desatara la llamada “operación enredadera”. Su intervención en decenas de Ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León, donde practicaron numerosas detenciones, destapó algo más que una red corrupta en la que estaban implicados policías municipales, concejales y empresarios.

Destapó también el inmenso negocio que hay detrás de la implantación masiva de esos dispositivos electrónicos que convierte la conducción en una práctica de riesgo en términos económicos y no solo físicos. Es decir que con la excusa de una mejora en la seguridad vial, que posiblemente apenas les importa, se incentivaba la compraventa y puesta en funcionamiento de unos artilugios destinados a cazar a los conductores. Aparatos que eran instalados en tramos cuyo trazado invitaba a rebasar unos límites de velocidad deliberadamente bajos.

Para ello llegaban incluso a falsear los índices de siniestralidad al objeto de convertir en puntos negros los que no eran. Lo más escandaloso, con serlo también, no es que montaran los aparatos con el único interés de hacer caja sino que una parte del importe de las multas terminara en manos privadas. En los últimos años han sido numerosas las sentencias adversas que la Justicia ha impuesto a los ayuntamientos por la inseguridad jurídica que ocasionan a los conductores este tipo de procedimientos. Sin embargo, al ser minoría los sancionados que se embarcan en recursos, por el engorro que ello comporta, les sigue resultando rentable mantener el tinglado.

Aclaremos que estos procedimientos nada tienen que ver con los de la DGT, que emplea aparatos homologados cuya contratación no está supeditada a porcentaje alguno sobre las multas que imponga ni utiliza la bandera de la seguridad para alimentar negocios privados. El problema es que la Ley de seguridad vial permite que las administraciones locales puedan restar puntos al carnet de los conductores sin control alguno y la DGT nada puede hacer frente a cualquier abuso o arbitrariedad municipal.

La mayoría de los conductores han perdido sus puntos en esos semáforos trampa, en radares de pueblos y ciudades o en acciones sancionables pero que no entrañaban ningún riesgo, como la ocupación del carril bus. Visto lo visto, es imperativa una revisión del carnet por puntos en lo que se refiere a su aplicación en el ámbito urbano. Y acabar de una vez por todas con esas multas de vergüenza.