En España, la ocupación ilegal de viviendas es un negocio boyante. Resulta fácil y poco arriesgado, de ahí que hayan proliferado las mafias que lo promueven. Los datos que se manejan a nivel oficial cifran en unas cien mil las casas cuyas puertas fueron forzadas instalándose en ellas individuos ajenos a la propiedad. Un cálculo que puede quedarse corto habida cuenta de que muchos casos ni siquiera se denuncian por temor a las coacciones.

El crecimiento de esta práctica en los últimos años ha sido exponencial gracias a la benevolencia con que nuestro ordenamiento jurídico trata a los usurpadores en detrimento de los legítimos propietarios. Ello ha favorecido que el perfil del okupa haya virado de la clásica familia sin recursos al delincuente habitual que se cuela en una casa, sobre todo segundas viviendas, para extorsionar a sus dueños y que, como poco, le paguen por abandonarla.

Al común de los mortales le resulta incomprensible que, una vez detectada la intrusión y verificada la legítima propiedad de un inmueble, la fuerza pública no pueda actuar de forma inmediata desalojando al extraño antes de que destroce el interior, que es lo que suele acontecer. Por el contrario, los propietarios se han visto inmersos en calvarios legales que se prolongan durante años con el consiguiente gasto de abogados.

Es verdad que ese absurdo padecer se viene aminorado desde el pasado mes de junio, en que entró en vigor una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite a los propietarios acudir a la vía civil en lugar de la penal y, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado que toque, recuperar en dos, tres o cinco meses el control de la propiedad. Un espacio de tiempo, en cualquier caso, más que sobrado para que el invasor te deje la casa hecha unos zorros. De ahí que sigan contratándose los servicios de empresas de desokupas, que emplean métodos más rápidos y expeditivos para echar a los intrusos.

Su acción, calculadamente coercitiva, se basa en impedir o dificultar el acceso al inmueble ocupado, lo que ya les ha enfrentado al Ayuntamiento de Barcelona, cuyo Observatorio de Derechos Económicos y Sociales se ha querellado con una de estas empresas por la presión ejercida contra los okupas. Es importante recalcar que Cataluña es, con diferencia, la comunidad más castigada por la ocupación ilegal en España, hasta el punto de cuadruplicar en número a la que se produce en Madrid.

Connivencias como la mencionada y el garantismo del que gozan los okupas son socialmente advertidos como un exceso a corregir. Así lo percibió el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados cuando la semana pasada se animó a registrar una proposición de ley orgánica que pretende agilizar el desahucio de los intrusos. Su idea es acabar con la ocupación ilegal en menos de 24 horas y que quienes la practiquen afronten penas de hasta tres años de prisión dependiendo de los daños que causen en el inmueble. Un mecanismo para que la ley no ponga al ocupado en la situación de tener que ocupar su propia casa para echar al ocupante. O sea, de okupar al okupa.