Son un filón a explotar. España no solo atrae millones de viajeros que vienen a hacer turismo, también es un imán para jóvenes de todo el mundo que quieren cursar estudios en nuestro país.

Quizá los centros docentes españoles no destaquen demasiado en los rankings de calidad ni nuestras universidades ocupen puestos de honor en los listados internacionales, pero lo cierto es que la afluencia de estudiantes extranjeros está creciendo exponencialmente más de un diez por ciento solo en 2017. Es obvio que para la gente joven España ofrece otros encantos añadidos al prestigio de sus Facultades.

Este flujo de foráneos, que vienen a pasar largas temporadas, ha despertado un negocio observado con el mayor interés por grupos de inversores dispuestos a adquirir cuantas plazas de residencias de estudiantes se les pongan a tiro. Tanto es así que, en el 2017, el 30% del dinero invertido para esa actividad en toda Europa lo acaparó España, y la tendencia es al alza ya que los expertos calculan que en los próximos años la demanda cuadruplicará la oferta actual. La fortaleza de esa demanda incide de igual forma en el mercado inmobiliario de las habitaciones de alquiler, cuyos precios están subiendo como la espuma hasta hacerlos inaccesibles para el común de las economías estudiantiles.

Los mismos fondos de capital que invierten en residencias para jóvenes compran viviendas antiguas en los barrios céntricos de las grandes ciudades, las reforman, adaptan y disponen para el alquiler por habitaciones, fórmula de la que obtienen sustanciosos beneficios.

Baste decir que en capitales como Madrid, Barcelona o València y, en menor medida, Sevilla y Granada el precio medio de una habitación se incrementó en el último año desde un 10 a un 25 por ciento, según qué zonas. Ni que decir tiene que ello, unido al fenómeno de la "turistificación", contribuye a hacer casi inaccesible el acceso a la vivienda para las economías medias.

En barrios como el de los Austrias y La Latina en Madrid, el Gótico en Barcelona o Quatre Carreres en València ya no resulta fácil encontrar un dormitorio por menos de 400 euros al mes y los más pintones se dejan pedir hasta 600 por habitación. Semejante dinámica condena a medio y largo plazo el uso residencial en los cascos históricos restándoles vitalidad, autenticidad y encanto.

Es un problema que compete a todas las administraciones pero especialmente a los ayuntamientos, que hasta ahora se han revelado incapaces de afrontarlo con eficacia. Contrariamente a ello, consistorios como el de Barcelona han paralizado el planeamiento de nuevas viviendas agravando un déficit habitacional que, en el programa electoral de Ada Colau, prometían resolver.

Los expertos calculan que en los próximos años la demanda de alojamiento juvenil se aproximará al medio millón de camas, cuando las plazas en residencias apenas alcanzan ahora las cien mil. El negocio de los estudiantes parece imparable, al igual que sus efectos secundarios sobre el mercado de la vivienda.