Más de cien mil cadáveres desaparecidos quedan aún en las cunetas españolas. Así lo hacen constar las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria y cuesta entender que 80 años después de la Guerra Civil no se haya despejado esta ignominia. Tampoco puedo explicarme que un cura del Valle de los Caídos se permita el lujo de impedir la exhumación de aquellos republicanos cuyos restos fueron trasladados allí sin el permiso de sus familias e incluso le ponga trabas al cumplimiento de sentencias judiciales como la relativa a los aragoneses hermanos Peña.

Todo esto me resulta inaceptable no solo por mi condición de demócrata y progresista, que también, sino por considerar indispensable cerrar las heridas de una vez por todas y una elemental exigencia de ponerse en la piel de aquellos a quienes mataron a padres o abuelos y ni siquiera saben dónde tiraron sus cuerpos. Aplaudo, en consecuencia, la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de dedicar un memorial en el cementerio de la Almudena a los fusilados en sus tapias tras la Guerra Civil.

Fueron casi tres mil hombres y mujeres que sentenciaron a muerte en represalia por enfrentarse al alzamiento del 18 de Julio. Pongo sin embargo un reparo al homenaje que este memorial pretende, un reparo que no es de carácter menor. En la lista, en cuya elaboración participó un comité de expertos, han incluido, según me cuentan, a varios centenares de miembros de los más de 300 centros de detención ilegal que se instalaron en Madrid durante la contienda, las siniestras "checas".

Hay, en concreto, en esa relación unos 130 nombres cuya participación en torturas y asesinatos de civiles parece de sobras acreditada. A esos personajes no les creo merecedores de homenaje alguno ni es justo que sus nombres aparezcan mezclados en la misma placa con las víctimas republicanas. El pasado 17 de febrero cumplió 92 años una mujer que padeció la acción de esos chequistas, indignos a mi juicio de recibir honores. Tenía solo 10 años cuando unos milicianos se presentaron en casa para detener a su padre, un hombre sin adscripción ni significación política alguna. No hubo justificación ni acusación concreta y de nada sirvieron los ruegos y el llanto de los críos. Se lo llevaron encañonado y nunca más volvieron a saber de él.

Su familia pasó la guerra en la creencia de que permanecía detenido en la checa del entonces Ministerio de Fomento, hoy sede del de Agricultura. Solo al final de la contienda pudieron constatar que, sin juicio ni sentencia, había sido fusilado en las tapias del cementerio de Fuencarral la misma noche de su detención. Todos los intentos posteriores de localizar sus restos fueron en vano, y la única explicación que encontraron a aquel asesinato fue que alguien que le debía dinero habría decidido saldar su deuda enviándole unos matones.

Esa mujer de 92 años tiene hoy perdida la memoria inmediata pero aún es capaz de contar al detalle aquella terrible escena de hace más de 80 años. Su padre era mi abuelo y ella mi madre a la que, en toda mi vida, escuché una sola expresión de odio o venganza. Ella es para mí un monumento vivo a la reconciliación que venero cada día y creo que no merece que los asesinos de su padre y de otros inocentes puedan figurar en ninguna placa u homenaje ni del Ayuntamiento de Madrid ni de nadie. Es lo menos que la debemos por sufrir aquel horror, y por ser como es.