El 7 de diciembre de 1977 un grupo de feministas decidió encerrarse, para reivindicar el divorcio, en la basílica de San Miguel, en el Madrid de los Austrias. Mala suerte: había una boda y tuvieron que esperar a que salieran los novios, salpicados de arroz. Una de las concentradas, se acercó entonces a la recién casada y le dio una tarjeta:

-Toma, hija mía, que de aquí a nada la vas a necesitar.

Era Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas; la había fundado con 25 años, cuando, con dos hijos y otro en camino, se separó del marido y tuvo que volver a casa de sus padres. La revolución histórica para equiparar los derechos de las mujeres y los hombres la empezaron mujeres como ella. O como Merche Soriano, que también estaba en el encierro; lideraba la Asociación Democrática de la Mujer, ADM, donde ayudaban a chicas con embarazos no deseados, denunciaban casos de discriminación y defendían como nadie las reformas que afectaban a la libertad sexual, la pareja y la familia.

Eran muy pocas, unos centenares. Algunas de sus organizaciones nacieron al rebufo de partidos de izquierdas dirigidos por varones; muchos eran ajenos a la necesidad de normalizar los derechos de la mujer, en un país donde cuatro días antes no podían votar hasta los veintiún años y para abrir una cuenta corriente tenían que ir al banco con sus maridos. Años más tarde, cuando esa izquierda llegó el poder, a la ministra Matilde Fernández le sorprendió el comentario del presidente Felipe Gonzalez, tras aprobar una ampliación del periodo de baja maternal:

-¿Has visto lo que hacemos por las titis?

Deberíamos estar agradecidos a esas mujeres, tenaces defensoras de la igualdad en un contexto hostil. Sin embargo, buena parte de la sociedad las sigue castigando con la indiferencia, el desdén o el sarcasmo cuando intentan dar un paso adelante. Mientras Rajoy contesta "no nos metamos en eso" si le preguntan por la brecha salarial, a Irene Montero la machacan por jugar con las palabras y hablar de 'portavoces y portavozas'.

Es verdad que hablar de portavozas es darle una coza, no una coz, al diccionario. Pero caballeros pretendidamente ilustrados dan constantes patadas -y patados- al idioma sin que nadie se les tire a la yugular y los repentinos defensores de la pureza lingüística desprecian el quid de la cuestión: la desigualdad de derechos entre unos hombres y unas mujeres que la combaten con todos los recursos a su alcance, incluida la lengua. Eso hacía Irene Montero, en línea con el denostado 'miembros y miembras' de Bibiana Aido, en 2006, o el muy criticado 'jóvenes y jóvenas' de Carmen Romero, en 1989. La política es palabra y lo que no se nombra, no existe. Hacen bien las mujeres en recordar su existencia en un mundo donde casi todos los poderes -incluido el de limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua- los tienen los hombres.

Desde el punto de vista lingüístico, unas palabras pueden chocar más que otras, pero los hechos son los que son. Hace unos años, 'jueza' era un vulgarismo que jamás se utilizaba en la judicatura, al igual que médica, fiscala o presidenta. Hoy son términos de uso común y están en el diccionario, a pesar de que para fiscal, juez o presidente valdría la explicación que ha dado la RAE sobre portavoz: "El sustantivo (...) es común en cuanto al género, lo que significa que coinciden su forma de masculino y de femenino".

En el diccionario hay una palabra que me gusta y es también común en cuanto al genero: feminista. Es la persona partidaria de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Oigo usar ese vocablo en términos despectivos desde hace demasiados años, cuando unas pocas mujeres, admirables, empezaron a defender en solitario la igualdad. Me proclamaría feministo, sin problemas, para recordar que esa igualdad también deben defenderla los varones. Pero con feminista ya me vale. Esa palabra iguala, que es de lo que se trata.