No sé si se me nota, pero amo los pactos. Soy eso que los troskos llamaban a Carrillo en la Transición primera: un cochino pactista. Me gustan los pactos y todo lo que implican: diálogo, empatía, respeto al prójimo, voluntad de concordia; los considero un elemento esencial de la relaciones entre los seres humanos y –una obviedad– de nuestro sistema de convivencia, que no por casualidad tiene su templo mayor en un lugar llamado parlamento.

Ese elemento esencial se convierte en necesidad imperiosa –otra obviedad– cuando los ciudadanos diseñan en las urnas un mapa político como el actual, donde los representantes de esos ciudadanos están condenados a entenderse, sí o sí.

En este mapa, hecho de diferencias y discrepancias, todos los pactos son defendibles siempre que sean verdaderamente representativos –evidencia tercera– y se hagan para el bien común, conjugando ideas e intereses de diferentes sectores de la sociedad, no intereses particulares. Eso vale lo mismo para Barcelona, Madrid, Navarra o Andalucía.

Para lo que no sirven los acuerdos políticos, salvo en raras ocasiones, es para reparar defectos de fábrica de los firmantes. Deberá medir sus fuerzas y las consecuencias de sus actos quien pacte con los que van contra el sistema, usan el odio como combustible y la violencia (física o verbal) como arma, hundiendo sus raíces en lo peor de nuestra historia e intentando dar pasos atrás en esa historia, en lugar de darlos adelante.

Si no lo hace, serán sus propios votantes y afiliados (ya estamos viendo ejemplos) quienes le obliguen a enmendar el error. Porque una cosa es ser un cochino pactista, como yo, y otra tirar piedras contra el propio tejado de la democracia.