El rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un "candidato a la presidencia del Gobierno" -eso dice el artículo 99 de la Constitución-. La traducción es que, a través de las rondas de contactos que finalizarán hoy, Felipe VI puede elegir un candidato para una nueva sesión de investidura o disolver las Cortes, pero la propuesta tiene que concederse desde la presidencia del Congreso.

La intervención de Meritxell Batet, elegida de modo parlamentario, será la que determine que la decisión sea política, aunque cuente con el rey como garante. La monarquía cumple con su deber constitucional como símbolo de Estado, cuya función es la de responder al mandato de la mayoría democrática salido de las urnas. Justo eso es lo que no hacen los candidatos, empeñados en demostrarnos que hemos votado mal e igual nos toca volver a las urnas, que con esta pluralidad no hay manera de formar gobierno.

Resulta paradójico que Pablo Iglesias, cuya política cuestiona la necesidad de una monarquía parlamentaria, solicite la intervención del rey para ver si convence a Sánchez de que es mejor un gobierno de coalición. Es una prueba más de lo perdidas que están unas negociaciones en las que se lanzan el balón de la culpabilidad por no ser capaces de aceptar la voluntad de los votantes. Tampoco ayuda la superioridad de Sánchez, que tiene las encuestas tan a favor que igual se marca un Rajoy y rechaza la investidura, ni que Rivera envíe propuestas de última hora como si aún fuera equidistante. Parece que ninguno de los candidatos se da cuenta de lo importante que es salir del embudo de la inestabilidad política en el que estamos todos los españoles.

Primero fueron los gobiernos de los recortes de la crisis y luego vinieron los cortoplacistas, instalados desde 2015, que solo permiten políticas de apagar fuegos. La consecuencia es el desgaste democrático que hace tambalear sus cimientos desde la desconfianza social. Hay un cansancio general en los españoles frente a una supuesta nueva política que apostaba por el cambio, pero que nos está llevando de nuevo al bipartidismo. Los candidatos no parecen plantearse que el problema pueda estar en ellos o en su nivel de representación; hay 24 millones de mujeres españolas y ninguna está al frente de los principales partidos.

El rey tiene limitaciones a la hora de formar gobierno, pero nosotros, los votantes, no. Si nos mandan de nuevo a las urnas se encontrarán con un mínimo margen de cambio porque la evolución ha hecho que la sociedad se aleje de totalitarismos y sea plural. Lo único que falta es que también progresen los que aspiran a representarnos.