El precio del alquiler aumentó un 15% en el primer semestre del año según la Sociedad de Tasación. En Barcelona el pico es del 35% desde 2010 y en Madrid del 30%, pero en Zaragoza suma un 15% en solo cuatro años. El contagio afecta a todas las grandes ciudades, igual que los desahucios por alquiler, que superan a los hipotecarios con 9.719 en el primer trimestre. Cifras de una burbuja del alquiler que se olvida de que la vivienda es un bien de primera necesidad y permite que el precio de 30 m2 supere al salario mínimo.

Son pocos los propietarios que no se apuntan a subidas abusivas argumentando que es la dinámica general. Otra costumbre de un 38,6%, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, es no declarar el negocio, a pesar de que cuentan con el favor de la Ley de Arrendamientos Urbanos que el PP aprobó tirando de mayoría absoluta y que redujo la duración de los contratos y eliminó la actualización basada en el IPC. Ese mismo gobierno también rechazó los índices de referencia para regular los precios.

Idealista (por algún motivo que se me escapa sus estudios se toman como neutrales) niega la burbuja argumentando que los precios anteriores respondían a la crisis y el alza refleja la de la economía, del 3%. El caso es que los sueldos muestran estancamiento y pérdida de poder adquisitivo con subidas del 0,2% (INE); las empresas han mejorado resultados, pero no la retribución a los empleados de un país en el que la vivienda social representa el 2,5%. La Plataforma contra Fondos Buitre señala a la banca como responsable al rentabilizar propiedades con alquileres elevados, generando el contagio en el mercado. Igual que la burbuja inmobiliaria, la del alquiler se basa en la expectativa de que existe dinero para soportarla. Mismo perro con distinto collar.

A estas alturas de la lectura habréis deducido que vivo una pesadilla buscando piso. Empollando los datos he descubierto que quizás erré el tiro en otras columnas al culpar solo de la situación a las 450.000 viviendas de alquiler turístico. Son muchas, pero menos que los 3,5 millones de pisos vacíos cuya salida al mercado supondría la regulación de la oferta. Airbnb explica la gentrificación, pero el precio descarado ya traspasa las fronteras del centro y es general. La culpa no es de una app, sino de una parte de la sociedad a la que se le ha olvidado que lo es.

Es esa que antes decía que era de tontos alquilar y había que invertir en ladrillo, y ahora que ya nadie puede comprar alardea de inteligencia cobrando dinerales para que otros paguen su hipoteca. La población que busca beneficio individual sin que asome en su conciencia el bien social. El Gobierno ha fracasado al permitir que se mercantilice vorazmente el derecho universal a la vivienda. Tiene el tiempo justo para actuar frente a la nueva burbuja y recordarle a la sociedad que para construir una casa hacen falta muchas manos.