Llevamos estos días a vueltas con el castellano en Cataluña y me quedo atónita. El Gobierno se plantea la posibilidad de permitir a los padres elegir que sus hijos sigan sus clases en los centros escolares públicos de esta comunidad en castellano y se ha armado un gran revuelo político: en el PSOE no se ponen de acuerdo; en Podemos rechazan la propuesta, porque coincide con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en esta comunidad; mientras que en el PP y Ciudadanos que defienden justo lo mismo se enzarzan entre ellos. Surrealista.

Resulta que en Cataluña el uso del castellano se ha reducido en los centros públicos a la mínima expresión, a dos horas a la semana, o tres en el mejor de los casos, y lo que se pretende ahora es garantizar que el que desee cursar sus estudios en castellano pueda hacerlo. Lo curioso es que se haya llegado a este punto.

Una situación similar de discriminación de una lengua oficial de un país no se da en el mundo a excepción de en Groenlandia. Según afirma la catedrática catalana Mercè Vilarrubias, que ha escrito un libro sobre el bilingüismo en Cataluña, en esta región de Dinamarca solo se estudia en groenlandés al parecer para evitar que la población emigre de la isla. ¡Todo un paradigma!

Al margen de la excepcionalidad, a una le sorprende la defensa que algunos partidos y colectivos efectúan de la inmersión lingüística en Cataluña, en virtud de la cual se impone que la lengua vehicular en la enseñanza sea el catalán, todo ello para tratar de evitar, dicen, la segregación, teniendo en cuenta que puede haber hablantes que libremente decidan no aprender catalán.

¿No segregar? ¿A quién? ¿A aquellos que quieren que sus hijos estudien en la lengua oficial de su país, que coincide con que es el segundo idioma más hablado del globo y que le permitirá competir en un mundo cada vez más globalizado? ¿No se segregará más impidiéndolo?

Sin pretender dar clases de democracia, lo lógico es que una persona pueda estudiar en la lengua oficial de su país si lo desea, y sin querer entrar tampoco en temas pedagógicos, lo suyo es estudiar en esta autonomía no solo en catalán, sino en español y en inglés.

Y defiendo el castellano no porque la Constitución española establezca el deber de aprenderlo y el derecho a usarlo, que también; o por las sentencias judiciales, que fijan que al menos el 25 % de la enseñanza en los centros escolares públicos de Cataluña sea en castellano, que también, sino por puro sentido común.