Dejo para los más ágiles análisis las locas aventuras de este país que el pasado jueves vivió —y este viernes seguramente sigue en ello— uno de los días más ajetreados de la reciente democracia. Pero me preocupa la reacción de muchos que siguen utilizando las urnas como coartada para justificarlo todo: la legalidad y lo que tachan como traición.

Aún recuerdo la mañana en la que apareció una urna en un portal de mi barrio que la autoridad competente había colocado allí con su censo correspondiente, sus papeletas y su presidente de mesa. Una vez más (no fueron muchas, pero sí existieron) el franquismo parodiaba la libertad con un simulacro de lo que ellos llamaban 'democracia orgánica'.  Creo que se trataba de elegir 'procuradores' en Cortes por el 'tercio familiar'. Si entonces hubieran existido redes sociales, el relato incluso habría convencido a alguien. Pero no era verdad, claro, y todos los sabíamos. Quiero decir que las urnas y las papeletas no son más que objetos materiales y ni siquiera la asistencia de votantes son garantía de absolutamente nada; al contrario, pueden resultar enormemente destructivas usadas de una forma perversa y prueba de ello es que la inmensa mayoría de las dictaduras sacan las urnas a pasear de vez en cuando tan solo para construir una triste parodia.

La urna no es más que una caja y lo verdaderamente sagrado es el marco jurídico de cualquier plebiscito para que la libertad de todos quede garantizada de forma efectiva sin sobresaltos ni cambios de las reglas del juego a última hora. Lo mismo ocurre con los parlamentos, que no pueden convertirse en caricaturas de sí mismos porque entonces dejan de ser democráticos para convertirse en cámaras donde se pueden silenciar, sin más, las voces de los disidentes.

El resultado del 1-O no podría ser admitido por nadie como algo ni medio legalNo creo que la decisión del Gobierno con las fuerzas del orden fuera en absoluto acertada, pero que quede claro que la culpa es del Gobierno —que debería hablar menos y revisar más los salarios— y no de los agentes que cumplían las ordenes. Y quede aún más claro que nada de eso hubiera ocurrido si Puigdemont y el Parlament no se hubieran saltado a la torera la legalidad incluso de su propio estatuto de autonomía. Pero, sea como fuera, la realidad es que la votación, las urnas y los resultados del denominado referéndum catalán no podrían ser admitidos por nadie como algo ni medio legal. Y así ha sido en España y en Europa.

Basar todo un discurso sentimental en una votación que no fue legal y que emanó de una sesión parlamentaria sin ninguna garantía resulta política y jurídicamente insostenible. Y eso lo sabían los protagonistas y tal vez por eso pareció en un momento que daban marcha atrás en ese proceso que no conducía más que al desastre económico y a la fractura social. Ninguna de las dos cosas se van a recuperar de la noche a la mañana y ese es el gran pecado que Puigdemont deja a los catalanes, a todos los catalanes.