Señor: Ignoro quién está detrás de unas siglas, en este caso el IMAS (Instituto Murciano de Acción Social), pero la muerte de Miriam Pérez García, a sus 29 años y con un grado de discapacidad del 91%, te hace reflexionar sobre cómo funciona la Administración, y no solo la murciana, sino todas, en temas tan sensibles (que no sensibleros) como este.

A Miriam el IMAS no solo le había retirado la pensión por discapacidad, sino que ha exigido a la familia que devuelva 11.798,75 € en el plazo de un mes. La Ley, señor responsable de tal decisión, debe estar discutiblemente de su parte, pero la razón, el sentido común, lo que todos vemos, desde luego juega en su contra. Tienen que devolver esa cantidad y le quitaron la pensión cuando aún vivía Miriam porque los ingresos familiares pasaban 500 euros del máximo anual que el Gobierno murciano exige para conceder esa pensión (39.917,15 euros anuales). No voy a entrar a juzgar si es mucho o poco. Soy consciente de que muchas familias sin ningún discapacitado desgraciadamente viven con menos y no reciben ayudas. El problema son las formas, la distinción absolutamente injusta entre las comunidades para recibir las ayudas y lo más discutible: la devolución a la que el IMAS obliga a la familia.

Seguramente usted no sabe lo que es convivir desde el nacimiento y durante 29 años con una discapacidad del 91% originada, además, por un fallo médico. Pero le puedo asegurar que cuesta muchísimo más de lo que las administraciones dan. Había un dicho en este país cruel antes de que fuera políticamente correcto que afirmaba: "Es más caro que tener un hijo tonto". Y los que tenemos un hijo o una hija ‘tontos’ sabemos cuánta verdad contiene ese dicho brutal. Cuesta mucho dinero, mucho dolor, mucha incomprensión, mucha soledad, y eso no se paga. Cuesta tenerlos en casa, cuidarlos, dedicarse a ellos 24 horas al día, y eso no se paga. Cuesta batallar con un sistema sanitario injusto, porque dependiendo de que Miriam fuera de una comunidad u otra, no hubiera tenido ese problema. Cuesta, en resumen, infinitamente más que firmar una carta retirando la pensión y exigiendo una devolución de nada menos que casi 12.000 euros.

Y le insisto, señor: claro que sé que hay familias con menos ingresos que no reciben ninguna ayuda. ¿Justifica esto su decisión? Desde mi punto de vista, desde luego que no. Poner una injusticia para tapar otra no parece el mejor camino.

Andrés Aberasturi