El juicio al procés ha estado acompañándonos durante los últimos meses hasta el punto de convertirse en algo cotidiano. Ciertamente hemos asistido a la actividad rutinaria del sistema judicial, algo que ocurre a diario, sin tanto interés de los medios de comunicación, pero con el mismo rigor y compromiso con la legalidad. Esta semana ha sido el turno de las conclusiones definitivas de las acusaciones, y los fiscales Zaragoza, Moreno, Madrigal y Cadena han dado una lección magistral de derecho. Cuatro horas de razonamientos legales desgranados y detallados para que pudieran ser entendidos por los legos en derecho.

Las alegaciones del fiscal Zaragoza fueron especialmente notables por tener un carácter menos técnico, pero todas las intervenciones del ministerio fiscal fueron esenciales por cuanto explicaron por qué sí hubo violencia, por qué esta estaba orquestada desde el poder público y por qué hubo malversación de caudales públicos. A las conclusiones finales de la fiscalía le siguieron las de la acusación popular, los abogados de Vox, que esencialmente se ratificaron en su planteamientos iniciales.

Si de algo ha servido este procedimiento ha sido para renovar la confianza de los ciudadanos en la justicia española para proteger nuestra democracia. Si el juez Marchena ha dado una muestra de arbitraje y dirección judicial durante todo el juicio, los fiscales han demostrado su compromiso con la causa pese a presiones políticas. En definitiva, han dejado un expediente que si alguna vez ha de revisarse en Estrasburgo (donde se ubica la sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), pondrá de manifiesto el modélico respeto por el Estado de derecho que se ha llevado a cabo en estas semanas.

Dicho esto, a la vista de la reciente decisión del TEDH inadmitiendo a trámite la demanda presentada por 77 diputados del parlamento regional catalán contra la decisión del Tribunal Constitucional que suspendía la sesión en la que se tenía previsto declarar unilateralmente la independencia de Cataluña, es más que probable que los nacionalistas catalanes prefieran hacer uso de otras instituciones más abiertas a sus tácticas propagandistas.