Más de la mitad de las mujeres (53%) de la Unión Europea evitan a diario ciertos lugares o situaciones por temor a ser víctimas de agresiones físicas o sexuales. Un temor fundado en una trágica realidad: solo en España, casi un millón y medio (1.446.323) de mujeres han sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o de la expareja en algún momento de su vida, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. Cada día, las mujeres españolas denuncian ocho violaciones y agresiones sexuales, y 19 abusos y casos de acoso sexual.

Frente a esos datos, la realidad de nuestro país es que estamos muy lejos de contar con herramientas eficaces de lucha contra la violencia sexual. No disponemos siquiera de información sistematizada, como han denunciado las asociaciones de mujeres en el Informe Sombra o el propio comité CEDAW de Naciones Unidas, que ha reclamado al Gobierno español, entre otras medidas, un plan para "recopilar datos específicos de violencia sexual, desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre víctima y autor", así como "asistencia y protección adecuadas a las mujeres que son víctimas de la violencia mediante el establecimiento de suficientes centros de acogida".

El Gobierno del Rajoy no ha sido capaz de dar respuesta siquiera a esas elementales demandas. Tal vez crea el Partido Popular que mirando para otro lado elude la responsabilidad del Estado en materia de violencia sexual. Desde esa indolencia, se permite ejecutar despiadados recortes en los presupuestos de igualdad que están suponiendo el desmantelamiento de la escasa red de protección con que contaban las víctimas.

El Gobierno no ha sido capaz de dar respuestas y ha ejecutado despiadados recortes

En los últimos meses asistimos a una acumulación de hechos muy graves relacionados con la violencia sexual contra las mujeres. El reciente fatal desenlace de la desaparición de Diana Quer, o el juicio por la violación múltiple de Pamplona, que han conmocionado a la sociedad española, son una nueva ocasión para evidenciar las carencias de nuestro sistema en la protección social y procesal de las víctimas de violencia sexual.

Las víctimas de acoso sexual deben de ser tratadas con el máximo respeto. No es admisible que se juzgue su vida privada como parte de una estrategia procesal de defensa o como la pieza central de un espectáculo mediático. No es admisible exigir resistencias heroicas ni exhibiciones de tristeza. No es admisible la revictimización de unas mujeres que sólo merecen amparo. No es admisible que, por todo ello, según la UE, el 74% de los casos de acoso sexual nunca lleguen a ser denunciados.

Un abogado defensor, en un reciente caso de violación en Gijón, se refirió a la víctima diciendo que "si fuese víctima de verdad no habría acudido en falda al juicio" y que no la vio "ni preocupada ni compungida, ni lloró en ningún momento dentro de la sala". "Me llamó la atención que apareciese en minifalda. No me pareció apropiado, igual que si en un juicio por drogas uno de los acusados aparece con una camiseta en la que ponga 'Viva la cocaína de Perú'", añadió el letrado de la defensa. ¿Es tolerable este trato a una víctima por parte de profesionales de la justicia?

Las víctimas necesitan una actitud distinta de todos y reglas del juego más protectoras

Hace unos días, desayunábamos leyendo en los medios de comunicación que un acusado que aceptó haber drogado y abusado sexualmente de una niña de 12 años en Mallorca fue condenado a tres años y siete meses de cárcel en una sentencia de conformidad acordada con el Ministerio Fiscal. Según informaban los medios, la sentencia supondrá su no ingreso en prisión.

El mismo día que conocíamos esa noticia, saltaba la de un violador confeso de una niña de 15 años en Murcia, que fue condenado a dos años de cárcel en otra sentencia de conformidad tras otro acuerdo con el Ministerio Fiscal que evitaría su ingreso en prisión.

Sin valorar la legalidad y profesionalidad en la actuación del Ministerio Fiscal, ¿no causa verdadera repugnancia que violadores confesos de niñas no vayan a pisar la cárcel en virtud de un acuerdo con la Fiscalía? ¿Qué amparo pueden sentir las víctimas y sus familias? ¿Merece la pena alcanzar un pacto con un violador para obtener una condena al precio de que no pise la cárcel?

Son debates que estamos obligados a abrir y resolver. Como el que permitió que en la actualidad no se concedan indultos a los condenados por violencia de género. Los problemas excepcionales requieren soluciones excepcionales. Con esa perspectiva, cada punto débil de nuestro sistema de protección a las víctimas debe ser puesto en cuestión, debatido y reforzado, porque las dimensiones del problema de la violencia sexual no permiten vacilaciones ni fisuras.

Las víctimas de los delitos de violencia sexual necesitan una actitud distinta por parte de todos. Una situación tan especialmente dramática necesita unas reglas del juego más protectoras. Es urgente comenzar a construir ese marco de protección. El año 2018 tiene que ser un punto de inflexión en nuestro país en la lucha contra la violencia sexual sobre las mujeres. Nos va mucho en ello.