Comienza el tercer curso escolar con pandemia que en teoría debería ser mejor que el del año pasado gracias a las vacunaciones y en un contexto en el que el pacto político por la educación ni está sobre la mesa, ni se le espera, para no variar.

Después de un año en el que contra todo pronóstico transcurrió mejor de lo previsto, en lo que a contagios en las aulas concierne, más de 8 millones de alumnos inician en España las clases con la presencialidad como bandera y bajo las mismas medidas de prevención que en 2020, mascarilla, higiene y ventilación, aunque con algo menos de distanciamiento.

En un intento de retornar a la vieja normalidad, ministerio de Educación y comunidades autónomas han acordado rebajar la distancia mínima establecida entre alumnos a 1,2 metros, elevar la ratio en las aulas a los niveles prepandemia y rescindir el contrato a una buena parte de los profesores de refuerzo. Como siempre, no todas las autonomías aplicarán las mismas medidas de prevención, pero eso ya es otro cantar.

La polémica está servida y sindicatos, padres y gobiernos -estos últimos también entre sí- discrepan en las medidas a adoptar ya que si bien las vacunaciones avanzan, las variantes también y se está hablando sobre una parte de la población que está en su mayoría sin vacunar.

"Al margen de rifirrafes por distanciamientos y ratios, lo que es evidente es que los alumnos tienen que regresar físicamente a las clases"

Al margen de rifirrafes por distanciamientos y ratios, lo que es evidente es que los alumnos tienen que regresar físicamente a las clases, teniendo en cuenta que las habilidades sociales se empiezan a adquirir a una temprana edad y que estas son imprescindibles para su futuro no solo profesional, sino personal. La presencialidad en las aulas no solo favorece la adquisición de valores para vivir en sociedad, sino que equilibra las desigualdades ya que no todos los alumnos gozan del mismo entorno familiar.

A esta situación de incertidumbre, se suma el desembolso económico que los padres han de afrontar -un estudiante viene a suponer unos 1.890 euros al año- en un contexto de subida de inflación empujada por la imparable subida de la luz y en el que aún no se han incorporado a su actividad laboral todos los trabajadores que había en ERTE por la pandemia -el 31 de agosto quedaban 272.190.

La guinda en el pastel la pone la entrada en vigor la nueva ley de educación (Lomloe) -Ley Celáa-, cuyo impacto aún no afecta al currículo escolar de este curso, pero que pone fin a una anterior ley, que a su vez modificó otra y así sucesivamente hasta encontrarnos que en más de 40 años de democracia las formaciones políticas no han sido capaces de dejar la educación al margen de contiendas electorales. Y en este contexto nos movemos ahora, señor@s.