¿Debe ser obligatoria la vacunación? El debate está abierto, y no solo en España. El asunto es complejo y no permite una respuesta monosilábica, de sí o no. Los matices son necesarios. Parece evidente que en ningún país democrático, en el que existen los derechos individuales, se puede conducir a una persona esposada hasta un centro de salud para inocularle una dosis en contra de su voluntad. De manera que, planteada la duda de esta forma, la respuesta a la pregunta con la que se inicia este comentario sería negativa. 

Pero entremos en los detalles y planteemos preguntas más específicas: ¿alguien que no se quiere vacunar debe mantener intactos todos sus demás derechos? La pregunta es más compleja y la respuesta, también.

Esta semana, el Gobierno de Canarias ha emitido un decreto ley por el cual se establecerá una lista de actividades y trabajos para los que será exigible la pauta completa de vacunación o, como alternativa, presentar pruebas diagnósticas a diario o cada pocos días. En un principio, este decreto pretende afectar a quienes trabajan en centros sanitarios o residencias de ancianos, pero también a maestros y a toda aquella persona cuya labor se realice en presencia de muchas otras. Y eso nos compromete a casi todos. ¿Está justificado?  

A estas alturas, ya sabemos que la vacuna no inmuniza al 100%, pero sí protege, limita las posibilidades de contagio y, en su caso, reduce las opciones de sufrir una enfermedad grave y de morir. Y esos efectos son positivos para quien se vacuna y para aquellos que están en contacto con esa persona vacunada. Vacunarse es, por tanto, un ejercicio de autoprotección y de protección hacia los demás y, como consecuencia, es la demostración del compromiso que todos estamos obligados a mantener con la sociedad en la que vivimos. 

Igual que, de momento, no se permite entrar sin mascarilla en lugares cerrados, podría ser exigible haberse vacunado para realizar determinadas actividades que comprometan la salud de otros. Pero es necesario que eso se haga con el necesario respaldo legal porque, en caso contrario, nos encontraremos con nuevos episodios de sentencias judiciales que desautorizan las decisiones adoptadas por los gobiernos, sea el nacional o los autonómicos.

Ahora que en muchas comunidades ya se realiza la vacunación sin cita previa, no existe excusa alguna. Quien no se quiera vacunar, ejerce su libertad. Pero los demás ciudadanos y la sociedad, en su conjunto, tienen el derecho de establecer medidas que aseguren la convivencia y la salud de todos. 

Y en España, con las cifras más altas de vacunación, se ha demostrado que hay una inmensa mayoría que quiere protegerse y proteger, en un ejercicio de responsabilidad personal y social.