Es posible que, esta vez sí, nos acerquemos al final de la peor pesadilla sanitaria que ha sufrido la humanidad en un siglo. Al menos en España, la incidencia del virus decae con un vigor casi simétrico a como subió, y la presión en los hospitales se relaja progresivamente. La cifra de muertos que conocemos a diario sigue siendo pavorosa, y así será durante algún tiempo. En dos años de pandemia hemos aprendido, por desgracia, que primero bajan los contagios y, solo después, los fallecimientos.

La nueva situación, más benevolente, ha permitido que las administraciones públicas levanten restricciones. Países como Dinamarca lo han hecho, incluso, cuando la incidencia estaba todavía al alza, pero comprobando cómo la ocupación hospitalaria se rebajaba. Y en España, apenas queda en vigor la obligación de utilizar mascarilla en interiores, porque desde hoy jueves ya no tenemos que llevarla en exteriores. Por fin.

Y este es un ejemplo de lo necesario que será realizar una revisión seria de lo que se ha hecho (y de lo que no se ha hecho y se debió hacer) durante estos dos años de pandemia. Era inevitable cometer errores en la gestión de este desastre, porque nadie disponía de una guía. Si no hay precedentes de algo similar, todo es nuevo, sorprendente e imposible de predecir. De manera que, cuando esto haya pasado, será el momento de crear, tanto en España como en el ámbito internacional, grupos de expertos que elaboren un manual de recomendaciones por si una catástrofe sanitaria como la que hemos sufrido se repitiera en el futuro. Y, quizá, una de esas primeras recomendaciones deberá ser que los gobernantes no adopten decisiones sanitarias por motivos políticos. Por ejemplo, la obligación de llevar mascarillas al aire libre.

"Aprendamos para el futuro que hay que aplicar toda restricción que sea imprescindible, pero ni una más"

El 24 de diciembre de 2021, hace mes y medio, el Gobierno recibía duras críticas por no adoptar ninguna medida de ámbito nacional por segundas Navidades consecutivas. Lo dejaba todo al criterio de las comunidades autónomas, para que fueran sus presidentes los que asumieran el coste político si eran restricciones impopulares. Así, Moncloa decidió tomar una decisión para que pareciera que hacía algo: recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en la calle. Lo hizo en contra de toda evidencia científica, alegando que había un informe de expertos que lo recomendaba. No era cierto. Ese informe, del Instituto de Salud Carlos III, era en realidad un sondeo de opinión elaborado con las respuestas de mil ciudadanos de a pie que, además, mayoritariamente estaban en contra de esa obligación.

Bien está lo que bien acaba. Ahora, la medida se revoca. Pero aprendamos para el futuro que hay que aplicar toda restricción que sea imprescindible, pero ni una más.