Las previsiones son demoledoras. Aunque pudieran serlo más. El escenario dibujado por expertos de uno y otro signo, desde brillantes economistas como José Carlos Díez o Daniel Lacalle hasta organismos como el FMI, no dejan lugar a dudas. Alcanzaremos como mínimo un 20% de paro y el PIB estimado para este 2020 se contraerá en no menos de ocho puntos. Jamás se había vivido una situación parecida desde 1936.

Frente a esto, la terapia gubernamental parece seguir siendo la de aplicar tiritas para cortar una hemorragia sangrante que afecta, en mayor o menor medida, a tres millones de autónomos, y por ende a muchos otros sectores económicos. Tras una inicial resistencia a aplazar, no digamos ya a condonar, algunas obligaciones fiscales a todas luces inasumibles en la actual coyuntura, el ejecutivo parece temer ya un cierto polvorín social. Cuatro semanas de agonía, no solo sanitaria sino económica, han forzado al Ministerio de Hacienda a ofrecer un mínimo alivio. Pero… ¿Qué le hace suponer a María Jesús Montero que entre el 15 y el 20 de mayo habrán cambiado las condiciones objetivas para que los autónomos puedan hacer frente a los pagos que ahora se les difieren? ¿Está realmente preocupado el gobierno por una, no sé si probable pero sí posible, protesta en las calles cuando el confinamiento acabe? Y si es así… ¿En qué medida?

La mayoría de los empresarios, a diferencia de lo que opina un sector del gabinete, no son peligrosos capitalistas de chistera y puro sino clase media que arriesga sus ahorros, fruto del esfuerzo y del trabajo de muchos años, para crear empleo. Y están haciendo gala de un esfuerzo sobrehumano. Convendría tenerlo en cuenta para no 'matar' al 90% del tejido productivo de este país. Lo señalo porque es evidente que la mayor parte de las prestaciones derivadas de los ERTE, que anunció a bombo y platillo el ejecutivo desde los primeros días de la crisis, no han llegado. No lo han hecho el 10 de abril y se desconoce si lo harán en un gran porcentaje el 10 de mayo. Me refiero ahora a tres millones y medio de trabajadores cuya situación ha desbordado, por su magnitud, la capacidad de gestión del Ministerio de Trabajo.

Un panorama más que sombrío

El escenario no puede ser más inquietante; un déficit en los entornos de un 10% de aquí a final de año, es inasumible para una economía media, como la española. Obligaría a unas emisiones de deuda que podrían llevar a aumentar la que ya soportamos en un 25%. Los resultados son obvios: unos tipos muy elevados y unos inversores internacionales que huirían en masa —también de Italia— y se refugiarían en climas más cálidos y previsibles, que en toda crisis los hay.

Comprendo que todas estas cuestiones se le alcanzan a los responsables de Economía y de Hacienda, que siguen primando el valor de la liquidez en las arcas públicas por lo que pueda venir. Pero si la economía termina por verse estrangulada no habrá impuestos que cobrar. ¿Saben que la parte del león impositivo de la tarta fiscal en España es el IVA? Si continúa sin haber consumo no habrá IVA que recaudar, señora Montero. Piénsenlo.