La sanidad española navega sin rumbo en la tormenta que arrecia en esta nueva fase en que nos encontramos, y todo pese al naufragio vivido durante el primer semestre de este 2020 y del que creíamos haber aprendido todos muchas cosas. El coronavirus ha supuesto una seria quiebra en la línea de flotación de nuestro sistema de salud y si no se actúa de una vez el ‘barco’ está en riesgo de un nuevo hundimiento, mucho más catastrófico en daños que el anterior. Hoy, la situación de la sanidad en España es preocupante desde todos los ámbitos: asistencial, profesional y económico. Es más necesario que nunca asumir el mando por quien tiene de verdad la capitanía en medio de esta tempestad porque de no ser así, es el conjunto de la sociedad, su pasaje, la que está en peligro.

Desde la sanidad privada no nos cansamos de tender la mano tanto al Ministerio de Sanidad como a los distintos gobiernos autonómicos para afrontar lo que viene por delante. Lo hacemos desde la responsabilidad, conscientes de que somos un recurso estratégico para la gestión de una crisis de esta envergadura y, también, de que formamos parte del escudo social, del que tanto se habla últimamente, que protege a una nada despreciable cifra de 12 millones de españoles que acuden de forma regular a nuestros centros para cuidar su salud. Para entender la dimensión del sistema privado de salud español, damos cobertura a una población que supera la cifra de habitantes propia del 74% de los países de Europa, es decir, naciones como Bélgica, Grecia, Chequia, Portugal o Suecia.

Esta propuesta a mano tendida parte sin la necesidad de que exista un estado de alarma que obligue a convertirnos en un recurso esencial para el Sistema Nacional de Salud, porque, entre otras cosas, lo somos ya para al menos uno de cada cuatro españoles. Ya antes del 14 de marzo de 2020 tomamos la iniciativa de poner nuestros recursos a disposición de las autoridades competentes. Y así se hizo, bajo un Decreto Ley que permitía hacer uso de recursos y personas bajo demanda, luego reforzado con una nueva orden el 28 de marzo. El resultado después de nuestra prestación de asistencia durante la primera ola es el abandono por las administraciones, nacionales y autonómicas, salvo en honrosos casos.

A pesar de ello, nuestra responsabilidad social nos obliga y en esta ocasión nuestra propuesta de colaboración se hace con incógnitas ante la ausencia de un marco de acuerdo específico que esta vez reclamamos a priori. Hasta el momento, lo que hemos recibido es la callada por respuesta, una costumbre demasiado instalada en la vida política española que, no cabe duda, supone una incomprensible actitud ante la crisis actual. No olvidemos que toda colaboración requiere de unas condiciones, de unos acuerdos previos ahora que la pandemia no nos debe pillar desprevenidos. Creemos firmemente que sentar unas bases claras que faciliten la gestión eficaz de los recursos materiales y humanos de nuestro Sistema Nacional de Salud es la mejor defensa que podemos articular frente a la pandemia y de cara a salvar vidas.

Venimos de una situación límite también para la sanidad privada: la paralización de la actividad médica no urgente en todos los centros médicos y clínicas privadas del país, que obligaba a su vez a mantener abiertas las infraestructuras por tratarse de un servicio esencial. Una desprogramación sin precedentes que a la sanidad privada le ha supuesto una factura económica inasumible, en muchos casos, y que ha provocado incluso quiebras y destrucción de empleo. El propio ministro Salvador Illa prometió compensaciones, al menos por los recursos utilizados, pero emplazó a que se negociaran con cada Comunidad Autónoma. La realidad es que solo Cataluña ha alcanzando un acuerdo y Comunidad Valenciana ha autorizado el pago por uso a precios públicos, pero en ningún caso compensación por puesta a disposición. El resto de territorios siguen sin hacer balance de los medios empleados en la primera etapa de la crisis sanitaria y por supuesto, sin asumir los gastos.

Por si esto fuera poco, un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) analiza la posible supresión de los tipos reducidos de IVA en los sectores sanitario y educativo privados. La aplicación del 21% de IVA a los servicios sanitarios, además de ir en contra de las recomendaciones de Europa, tendría consecuencias graves para las empresas sanitarias y provocaría un transvase de carga asistencial sobre el sistema sanitario público, ya de por sí saturado.

Urge un protocolo de colaboración público-privada también por otra razón: para que la atención del coronavirus no siga causando estragos en la desatención de otras muchas patologías que se han agravado desde el inicio de la pandemia. Una advertencia que a diario escuchamos de boca de nuestros propios médicos, desde distintas especialidades como la cardiología, la oncología o la atención primaria. Ha calado tanto el mensaje de “quédate en casa” que pacientes con síntomas de enfermedades graves no han acudido a los centros hospitalarios por miedo a contagiarse de COVID-19.

La situación de los trabajadores sanitarios también preocupa y mucho. Desde ASPE venimos reclamando medidas urgentes para paliar, por ejemplo, el alarmante déficit de profesionales de enfermería que sufren nuestros hospitales. Lo hacemos con propuestas concretas, como el acuerdo con el Consejo General de Enfermería mediante el que solicitamos al Ministerio de Sanidad y a los consejeros autonómicos la adopción de un régimen de compatibilidad absoluta para el libre ejercicio de la asistencia sanitaria entre el ámbito privado, concertado y público de estos profesionales mientras dure la pandemia. 

El objetivo: eliminar incomprensibles incompatibilidades laborales que impiden compaginar la prestación de servicios en la sanidad pública y la privada. La escasez de médicos especialistas también es un asunto preocupante que requiere de soluciones urgentes pero consensuadas. Los propios colegios profesionales se oponen a medidas improvisadas como la contratación de estudiantes MIR por considerarlas irresponsables.

Desde la primera línea, los sanitarios advierten que esta segunda ola del coronavirus puede ser devastadora si no se toman las medidas necesarias para poder hacer frente a la emergencia asistencial. La virulencia de la pandemia puede verse agravada por otros virus invernales comunes como la gripe y las limitaciones del sistema a las que se enfrentan los médicos son evidentes. En primer lugar, la saturación que sufre la atención primaria del sistema público de salud como consecuencia de la COVID-19.

Sin embargo, la percepción que tenemos ante unos problemas estructurales tan graves, es que la actividad del Ministerio de Sanidad está estos días más centrada en idas y venidas a los tribunales. Las discrepancias con otros gobiernos autonómicos y locales respecto a las restricciones de movilidad a adoptar para frenar los contagios de la COVID-19 parecen haber desviado la atención de lo verdaderamente importante: garantizar la salud de nuestra sanidad. Es necesario prevenir los brotes, pero basta de malgastar recursos en batallas políticas que no hacen más que generar inseguridad en la ciudadanía y aumentar su desconfianza. Más de medio centenar de sociedades científicas y médicas se han unido para reclamar a los partidos políticos el cese de la confrontación y una gestión de la pandemia basada solo en criterios científicos.

Hay que admitir que el coronavirus ha sido como una especie de tifón en alta mar que ha hecho saltar las alarmas de nuestro sistema sanitario, pero ya ha habido tiempo de reparar los daños sufridos en esa primera ola, incluidas comisiones parlamentarias para una supuesta reconstrucción, y lo cierto es que no se ha hecho. La situación de los hospitales no ha mejorado y la segunda ola de la enfermedad ya está aquí. Como parte esencial del Sistema Nacional de Salud rogamos a los responsables de gestionar nuestra Sanidad que tomen de una vez el timón.