El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado rotundamente la voluntad de su Gobierno de no hacer absolutamente nada para aplicar en la capital de España las tímidas medidas previstas en el proyecto de ley de vivienda. A falta de mayor concreción, la intervención en los precios solo se aplicaría a personas jurídicas en zonas tensionadas, siempre que el tenedor posea más de 10 viviendas y los ayuntamientos solo podrían gravar las viviendas cuando el propietario tenga más de cinco viviendas. Además, la declaración de una zona donde podría limitarse el precio del alquiler dependerá de la comunidad autónoma correspondiente y las gobernadas por el PP ya han adelantado que no aplicarán la medida.

Se ha anunciado también un bono de 250 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 35 años. La precariedad laboral y los bajos salarios, unidos al precio del alquiler y compra de viviendas, hacen que la edad de emancipación se haya retrasado y supere los 30 años, muy por encima de la de los países europeos de nuestro entorno. Según el Consejo de la Juventud de España, los jóvenes madrileños deberían destinar todo su sueldo para cubrir el alquiler medio en la región, lo que incide en que solo una quinta parte de ellos se haya podido emancipar.

En doce de los 21 distritos madrileños el precio del alquiler supera el 30% de los ingresos de los habitantes de la vivienda

El esfuerzo salarial de los hogares madrileños para pagar los alquileres es el mayor de España, con un 36% de esfuerzo salarial. En doce de los 21 distritos madrileños, precisamente los más vulnerables, el precio del alquiler supera el 30% de los ingresos de los habitantes de la vivienda.

Madrid es una ciudad con un parque residencial que asciende a 1.530.000 de pisos, de los que la cuarta parte son en alquiler. Además, el alquiler social en España se sitúa a la cola de Europa. La media europea de este tipo de oferta es del 15%, que multiplica por diez la de Madrid.

Teniendo en cuenta que existen en nuestra ciudad 150.000 viviendas vacías y que los tenedores de más de cinco viviendas son el 11%, el gravamen sobre el IBI repercutiría en un máximo de 16.500 viviendas y una cifra nunca superior a 2.700 propietarios. En cuanto a la medida de limitar el precio del alquiler a los grandes tenedores que concentran la propiedad de más de diez viviendas en los doce distritos con menores rentas del municipio, afectaría a menos de 6.000 viviendas, de las que son titulares un contado número de personas jurídicas, principalmente bancos, fondos de inversión, Socimi o compañías de seguros.

Necesitamos políticas públicas para alejarnos del panorama raquítico actual de 6.600 viviendas municipales en alquiler

Aun así, el alcalde de la Madrid ha declarado la guerra a estas medidas. La ha llegado a definir como “un ataque a la propiedad privada como en ningún otro momento de la democracia”, una exageración espeluznante, cuando el 56% de los berlineses acaba de votar en un referéndum expropiar a los grandes fondos que concentran la propiedad 240.000 viviendas o, cuando países como Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia o Italia han regulado el precio de los arrendamientos, generalmente con mayor ambición que lo que se vislumbra en la nueva ley española. En algunos, como Francia o el Reino Unido, existe un impuesto sobre las viviendas vacías desde los años 90 del siglo pasado.

Necesitamos políticas públicas para alejarnos del panorama raquítico actual de 6.600 viviendas municipales en alquiler que convierte a Madrid en una anomalía dentro de las capitales europeas. Un acuerdo por la vivienda a diez años, para obtener 60.000 viviendas en alquiler social. 

Ahora estamos muy lejos de ciudades como Berlín, con 68.000 pisos propiedad de la empresa municipal, a los que acaban de sumar 6.000 viviendas más, o de París, que se ha propuesto pasar en los próximos años del 20% de vivienda social sobre el conjunto de viviendas residenciales a un 30%.

Lo que acarrea la sobreproducción de viviendas no es la bajada de precios

Sin embargo, PP y Cs dejan el acceso a la vivienda en manos del mercado inmobiliario, de los grandes desarrollos urbanísticos que forman parte del modelo que provocó la crisis de 2008, donde se demostró, que lo que acarrea la sobreproducción de viviendas no es la bajada de precios, al contrario, el máximo histórico del precio de la vivienda se dio en 2007, en pleno boom. Mientras tanto, se está enajenando el suelo público municipal mediante concursos donde prima la mejor oferta económica, lo que repercutirá negativamente en el precio final de los pisos.

Las enormes dificultades de acceso a la vivienda son responsables, en gran medida, de que el crecimiento de la desigualdad en Madrid haya sido uno de los más altos de las grandes ciudades europeas. Pero el PP y su alcalde-portavoz, el señor Almeida, se alinean con una exigua minoría de propietarios y promotores y en contra de la gran mayoría de madrileños, que ve cómo el gasto en vivienda es insoportable para sus ingresos. Todo expresado sin escrúpulos y sin vergüenza.