Con las cenizas del campamento de refugiados de Moria todavía calientes, se presentó este pasado miércoles el tan esperado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, uno de los puntos fuertes de la Comisión Europea y de la presidencia alemana del semestre europeo. La cuestión migratoria se ha convertido en uno de los temas que más ha tensionado a la UE en los últimos años, fundamentalmente desde 2015, con la mal llamada crisis de los refugiados

y en cierta medida gracias a una extrema derecha en ascenso, que ha conseguido condicionar la agenda de las políticas migratorias de la UE dando una vuelta de tuerca a la construcción de la Europa Fortaleza. Un buen ejemplo de la capacidad que tiene la extrema derecha de marcar la agenda migratoria europea es el propio pacto, que elimina de un plumazo las cuotas obligatorias de reparto de refugiados. Una clara victoria política para los gobiernos de extrema derecha de Polonia y Hungría, que habían hecho de las cuotas uno de sus principales caballos de batalla y de fricción con Bruselas.

Pero lo llamativo del nuevo Pacto Migratorio no son las cesiones a la extrema derecha en relación a las cuotas de refugiados sino sobre todo es la institucionalización y sistematización de las políticas basadas en una supuesta excepcionalidad que han justificado horrores como los del campamento de Moria, las devoluciones en caliente en cadena en los Balcanes o las muertes en el Mediterráneo. Es decir, este pacto no solo no hace frente a las vulneraciones de los derechos humanos, sino que las avala, les da rango de acuerdo europeo, y hace de las mismas la condición de posibilidad de esta nueva normativa. Este “nuevo y fresco comienzo”, como defendía el comisario Schinas sobre el Pacto Migratorio, ni es nuevo, ni es fresco, ni pondrá freno a la crisis de derechos que está atravesando una Europa a la que le sangran las fronteras y le brotan alambradas.

Si hay algo que destaca en el pacto es la referencia recurrente y obsesiva a las devoluciones y/o deportaciones. Los países que han rechazado tajantemente acoger a refugiados en sus territorios podrán hacer uso de la salvaguarda del “sponsorship”, es decir, cambiar la responsabilidad y justicia inherente a la acogida de una parte de las personas que llegan por un compromiso para deportar o pagar para deportar a ese mismo número de personas, del mismo origen, de sus territorios. Una retorcida noción de “solidaridad” que solo puede comprenderse en este marco normativo que hace de la expulsión su bandera. Sobra decir que esto se podrá aplicar a personas que han huido de sus territorios, y que, de acuerdo a esta nueva fórmula, podrán ser deportadas sin ninguna garantía y devueltas al foco del conflicto que provocó su huida.

"Se dificultará la asistencia jurídica o que los demandantes de asilo puedan recurrir si su solicitud es denegada"

Las fronteras exteriores se refuerzan con más mecanismos y centros de “screening” (cribado), más clasificación entre los que se merecen protección y los que no, y con la puesta en marcha de procedimientos que, en palabras de la Comisión, sean “lo más rápidos y eficientes posible”. Así, por ejemplo, en la práctica se dificultará la asistencia jurídica o que los demandantes de asilo puedan recurrir si su solicitud es denegada. Además de que las personas de nacionalidad con bajos índices de reconocimiento de protección serán desde el principio discriminadas en cuanto a la posibilidad de pedir asilo lo que contradice el propio estatuto del refugiado.

La externalización de fronteras será reforzada a través de, por un lado, continuar la firma de acuerdos con terceros países que hagan de policías de Europa como el acuerdo de la vergüenza de la UE con Turquía; y, por otro, de evaluar la actuación de éstos en un “toma y daca” de “tú me impides que llegue la gente desde tu territorio y yo te doy visas para tus nacionales”. Otro elemento fundamental de la externalización de fronteras es la condicionalidad de la dotación de fondos de desarrollo a terceros países a objetivos de control migratorio, o la firma de acuerdos con los mismos donde se intercambia contención de personas por prebendas políticas y económicas (de esto sabe mucho España con Marruecos). La mayoría de estas medidas llevan en práctica al menos desde 2015, pero lo peligroso de este pacto es que las consagra como parte de la política migratoria comunitaria otorgándoles rango de norma. Esto es lo que se espera a nivel objetivo y formal. En un segundo plano, más crudo, oscuro y virulento, se continuará legitimando las devoluciones en caliente y la violencia policial en la frontera, especialmente graves en la llamada ruta de los Balcanes y en Grecia, avalando unas políticas criminales que son cada vez más frecuentes en las fronteras europeas.

Otras dos de las cuestiones clave que estaban pendientes y que se ha reclamado desde la sociedad civil era la necesidad de eliminar el criterio de primer país del sistema Dublín, y de poner en marcha un sistema europeo, público y coordinado de búsqueda y rescate. En cuanto al criterio de primer país, en lugar de eliminarse será complementado con otros criterios a los que supuestamente se otorgará más peso, tales como el interés superior del niño y de la niña o la reunificación familiar. Resulta inevitable pensar, que en un sistema de normas y políticas de blindaje consagrado, donde lo que prima es evitar que las personas lleguen (con derechos) a las fronteras de la Unión, no parece muy razonable pensar que el interés de las familias y de la infancia se vaya a tener en cuenta de forma prioritaria.

En el caso de la búsqueda y rescate en el Mediterráneo la propuesta es calculadamente ambigua. Si bien el pacto menciona la necesidad de establecer una coordinación y un equipo de expertos, donde se incluyan las ONGs, que pongan en marcha esta coordinación, la realidad es que la brevedad, superficialidad y falta de concreción con la que se ataja este tema en la propuesta de la Comisión es reflejo infame pero fiel de dónde se sitúa el salvar vidas en la lista de prioridades de la Unión. Una ausencia intolerable que se retroalimenta de las recurrentes imágenes de barcos a la deriva cargados de personas reducidas a números, sin nombre y sin historia, que pasan a engrosar la lista de fatalidades con la que parece que nos acostumbramos a convivir en Europa. La ambigüedad calculada sobre la búsqueda y rescate en el Mediterráneo en el nuevo Pacto Migratorio contrasta con las acciones concretas como la del Gobierno de Malta que, aprovechando el clima de excepcionalidad de la pandemia, firmó un memorándum de entendimiento para el control migratorio con el actual Gobierno de Trípoli. Un memorándum que prevé el establecimiento de centros de internamiento en Libia, pagados con dinero europeo, donde se detenga a las personas que sean rescatadas o interceptadas en alta mar.

"Europa necesita migrantes y su fuerza de trabajo supone un elemento central en nuestras economías"

Pero aunque pudiera parecer lo contrario, no nos engañemos, Europa necesita migrantes, y como hemos atestiguado recientemente en medio de las peores semanas de la pandemia, su fuerza de trabajo supone un elemento central en nuestras economías. Pero para seguir manteniendo el crónico y creciente marco de desigualdad estructural en Europa, esta los necesita sin derechos. Ahí tenemos el reciente y reincidente ejemplo de las personas que trabajan en un sector tan fundamental como la agricultura, solo hay que mirar al campo español, con los jornaleros y las jornaleras de Huelva o Almería, a quienes se quiere y necesita, pero eso sí, sin derechos, como un ejército de reserva en condiciones de semiesclavitud. Y lo mismo ocurre con las trabajadoras domésticas, excluidas de la regularización, del salario digno y por tanto de las prestaciones, y de cualquier posibilidad para reclamar derechos. En este sentido, el nuevo Pacto Migratorio, no solo representa las cesiones ante una extrema derecha en auge confirmando el giro autoritario de las políticas migratorias europeas sino también un filón de oportunidades para seguir imponiendo la política de escasez y miseria para unos, y de enriquecimiento para otros. Por eso este nuevo pacto no puede tener otro nombre que el de la Vergüenza.