Una ley fruto del consenso

Omar Anguita  Diputado y portavoz Socialista de Infancia y JuventudOPINIÓN
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Jesús Hellín

En el futuro inmediato, nuestro país va a contar por fin con una Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, materializada en un texto que nace del consenso y que servirá para salvaguardar uno de nuestros tesoros más preciados, nuestros niños y niñas. Una nueva norma que contribuirá al pleno desarrollo de la infancia y será reflejo de lo que le debemos inculcar: diálogo y respaldo por parte de la sociedad civil.

Hay varias claves en este proyecto de ley, una de ellas, sin duda, es la forma en la que se elaboró. Con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en junio del año 2018, la lucha contra la desigualdad social se convirtió en una auténtica prioridad de trabajo para el Gobierno socialista, centrándose en combatir la violencia de género, recuperar derechos laborales perdidos durante los Gobiernos de la derecha, la lucha contra la emergencia climática y, también, como no podía ser de otra manera, en la protección de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia.

Y es que, durante muchos años, la sociedad civil organizada reivindicaba una norma específica para combatir la violencia infantil y juvenil en nuestro país. Fue con la llegada de la compañera Luisa Carcedo al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social cuando se consiguió pasar de las propuestas a los hechos, desplegando una intensa labor de escucha, estudio y valoración, que fue posible gracias a la participación y apoyo incansable de colectivos, organizaciones, asociaciones y entidades del sector.

Tras la constitución del primer Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el presidente Sánchez retomó el proyecto y mantuvo con firmeza la prioridad de legislar en este ámbito. Así, en junio del pasado año se dio traslado al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

La futura ley constituye un salto cualitativo en cuanto a la legislación hasta ahora vigente, pues incorpora un enfoque de integralidad que le permite vertebrar acciones multidimensionales inspiradas en los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, hoja de ruta indiscutible en esta materia y minimum standard de las sociedades avanzadas.

Finalmente y tras mucho debate e intercambio en la fase de ponencia, el dictamen ha visto la luz con las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios. Una amplia mayoría ha apoyado esta norma, lo que nos permite que la ley esté cada vez más cerca no solo de su aprobación, sino de su ejecución.

Celebraremos el nacimiento de una ley garantista, que conlleva un espíritu de fuerte consenso y participación, así como de continua mejora, en la que la violencia es exhaustivamente descrita y definida en un amplio abanico de escenarios y situaciones.

Es una norma minuciosa y pormenorizada, que contempla tanto la prevención como la intervención desde la primera infancia, donde la familia y la escuela constituyen las principales esferas, hasta la adolescencia y primera juventud, donde los riesgos de sufrir violencia están más asociados a las relaciones personales, tanto físicas como virtuales.

Una ley que supone muchos avances

Son muchos los avances que se consuman a través de esta ley, por ejemplo y por citar alguno de los más relevantes, el de la prohibición absoluta del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP). Esta decisión refleja el compromiso inequívoco de contar con el testimonio de los niños y niñas y, sobre todo, de respetarlo, desterrando del ámbito judicial el uso de este argumento machista que nunca ha tenido ningún aval científico, como ha puesto de manifiesto el Consejo General del Poder Judicial.

Por otro lado, hay que reseñar muy positivamente el aumento de los plazos de prescripción de delitos graves contra los niños, niñas y adolescentes, mejorando notablemente las posibilidades de reparar a las víctimas que, como sabemos, a menudo consiguen recuperar y abordar hechos traumáticos y violentos vividos en la infancia muchos años después.

Nos encontramos, en definitiva, ante un hito que refuerza en la infancia su condición de ciudadanos como sujetos de especial protección, vehiculando herramientas de lucha contra la violencia que nunca deberían padecer, construyendo posibilidades de un futuro más sano, pleno y feliz.

Una sociedad se mide por cómo trata a sus niños y a sus mayores. Nadie queda fuera de la interpelación que la infancia que ha sufrido violencia nos hace mirándonos a la cara. Hemos de seguir avanzado en la consolidación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, haciendo pedagogía, manteniendo en el centro de la agenda política a aquellos que decidirán mañana sobre otra generación que está por venir. Seamos referentes

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