Para poder llevar a cabo fielmente el mandato popular y la representatividad que tenemos quienes ejercemos la política desde las instituciones, hemos de aceptar tanto las reglas del juego democrático como también los resultados y las nuevas mayorías parlamentarias resultantes de las elecciones.

Es lícito poner en práctica los compromisos electorales, es más, es lo que debemos hacer. La política debe cumplir con la ciudadanía mediante la firma del voto. Por eso, no podemos olvidar que en 2013 todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se comprometieron a derogar la funesta ley educativa del exministro Wert, la Lomce.

"La Lomloe pone los recursos necesarios para aumentar el éxito escolar reforzando la equidad"

Recordemos que esta ley fue aprobada solamente con el voto del grupo popular. El resto de la Cámara, salvo última abstención, votó en contra y surgió un acuerdo en torno a derogarla tan pronto como fuese posible: España no podía retroceder en calidad e igualdad educativa mientras Europa avanzaba hacia la educación inclusiva, equitativa y competencial. No nos lo podíamos permitir.

Durante el tiempo que estuvo vigente esta ley educativa, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no solo decidió recortar más de 9.200 millones de euros, sino que también precarizó al profesorado con el mismo modus operandi de siempre: recortando y privatizando lo público, para que el esfuerzo recayera sobre los hombros más humildes. Una ley que nadie quiso y un único partido que la promovió, la votó y la aplicó.

Con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se materializó el compromiso de derogar esta reforma educativa, actualizando nuestra legislación a la Lomloe. Una ley que permite modernizar el sistema educativo, que pone los recursos necesarios para aumentar el éxito escolar reforzando la equidad, que reconoce la diversidad lingüística de nuestro país, que impulsa la Formación Profesional y que recupera la función de control y gestión del Consejo Escolar.